Stop al recorte

Las reformas laborales y sociales que van socavando los derechos de trabajadores y trabajadoras no cesan. La última novedad es el paquete de medidas de reforma de la protección por desempleo presentado por el Gobierno español. Mikel Noval, responsable del gabinete de estudios, analiza esta nueva vuelta de tuerca y la posición que ELA adoptará ante ella: según Noval, “el paquete de medidas del gobierno PP supone un recorte de los derechos laborales y de protección social, a la vez que afecta a la capacidad de actuar en las políticas activas de empleo”. –¿Qué está tramando el ejecutivo de Aznar? –En su línea habitual, cuando el gobierno español habla de “reforma”, plantea en realidad una nueva reducción de derechos. Esta ha sido, aunque disfrazada de otras intenciones, la constante de las sucesivas reformas laborales, de pensiones o de las coberturas del INEM. LA MITAD, SIN COBERTURA –¿Cuánta gente percibe alguna prestación o ayuda? –Los datos son contundentes: a finales de 2001, en Hegoalde sólo el 27% de las personas desempleadas percibía la prestación –a la que tienen derecho quienes han cotizado–, mientras que añadiendo a esa cifra las personas que cobran la ayuda asistencial, el porcentaje llega sólo al 43%: Más de la mitad de los trabajadores en paro no recibe ninguna ayuda del INEM. –¿Es tan grande el problema financiero que plantea la cobertura del paro? –La realidad es bien diferente: las cotizaciones de paro cubrirían con creces las prestaciones, porque al sistema de desempleo le sobra cada vez más dinero, ya que sólo destina al pago de prestaciones 6 de cada 10 euros que ingresa. Para colmo, el gobierno prepara una reforma, no con el fin de garantizar unos ingresos mínimos a quienes están en paro, sino para todo lo contrario, para apretarles aún más el cinturón. ASPECTOS DE LA REFORMA –¿En qué puntos se concreta la reforma que preparan? –En primer lugar, el despido va a resultar aún más barato, porque el empresario que despida improcedentemente no tendrá que pagar los salarios de tramitación, es decir, los salarios que se pagan desde el despido hasta la sentencia judicial. Esto tiene consecuencias muy graves: no sólo implica una merma de ingresos para la persona afectada, sino que además abarata mucho el despido improcedente, sobre todo de las personas con poca antigüedad, para quienes los salarios de tramitación son una parte muy importante de la compensación por despido. Además, la supresión de los salarios de tramitación reducirá el período de cobertura de estas personas que, al quedar en situación de desempleo desde el momento del despido, acaban antes con el tiempo de prestación. Por otra parte, la reducción del tiempo de cotización puede suponer menos tiempo de prestación por desempleo o, incluso, no alcanzar la cotización mínima. –Hay otro aspecto polémico en esta reforma, relativo al empleo que debe aceptar quien esté inscrito en el INEM. ¿De qué se trata? –Dicho en pocas palabras, la persona desempleada tendrá que aceptar el puesto de trabajo que le echen. El INEM suspenderá o, incluso, retirará el seguro de paro a quien no acepte un “empleo adecuado”. DECISION DISCRECIONAL Tal como se está planteando, el INEM podrá decidir a discreción si considera o no “adecuado” cualquier empleo, sin que importe en qué consiste el trabajo, ni la duración del contrato, ni si es a tiempo completo o parcial, ni que el salario ofrecido sea una miseria. –El Gobierno quiere fomentar la movilidad a la fuerza... –Sí, porque para que un empleo sea ‘adecuado tampoco importará el lugar de trabajo, siempre que no esté situado a más de 50 kilómetros del lugar de residencia, que el desplazamiento no supere las 3 horas y no suponga un gasto superior al 20% del salario neto mensual, sin incluir en este porcentaje los gastos de comida u otros. –Y hay otros detalles poco agradables. ¿Cuáles son? –En primer lugar, el personal con contrato fijo discontinuo periódico (por ejemplo en la enseñanza) quedará sin cobertura de desempleo, al considerarse como contratos a tiempo parcial. Además, la indemnización por despido se considerará renta a efectos del subsidio de desempleo. Esto puede suponer en muchos casos la pérdida del subsidio. Y se atrasa también el inicio del abono de la prestación por desempleo por tiempo equivalente a las vacaciones que hubieran correspondido en el momento del despido. Y por si fuera poco, el empleo público subvencionado (contratación de personas en desempleo que participen en políticas activas de empleo de las administraciones públicas) no cotizará al desempleo, con lo que no generan derecho a prestación. VENTAJAS PARA LAS EMPRESAS –La clase empresarial estará satisfecha con estos planes de recorte... –La ventaja de la reforma para los empresarios es doble: la supresión de los salarios de tramitación, que la patronal venía pidiendo hace tiempo, abarata el despido, y la intención de forzar a la gente inscrita en el INEM a aceptar cualquier trabajo les da facilidades para imponer empleos en condiciones abusivas a las nuevas contrataciones. Por si esto fuera poco, las empresas recibirán más subvenciones (por contratación de una persona mayor de 52 años que cobra el subsidio por desempleo) y bonificaciones de la cotización a la Seguridad Social (por la contratación de mujeres que se reincorporan al empleo en los 24 meses siguientes al parto). CENTRALIZACION –El PP no ha dejado escapar la oportunidad de amarrar, barriendo para casa, una vez más, alguna competencia. –Mediante la reforma de las políticas activas del INEM el Gobierno decide qué competencias se reserva el Servicio de Empleo Estatal y cuáles se dejan a los Servicios de Empleo autonómicos. Esta decisión se podrá ir cambiando anualmente de forma unilateral en la ley de presupuestos. * NUESTRA RESPUESTA La huelga general, cuya convocatoria no se ha confirmado todavía, tiene un lema claro: oponer un stop rotundo a las medidas del gobierno, que deterioran aún más la situación de parados y paradas y favorece la imposición de condiciones draconianas a las nuevas contrataciones. ELA, como primera fuerza sindical vasca, va a estar sin dudarlo en esa respuesta. Pero la coincidencia de todos los sindicatos en el rechazo al recorte no quiere decir que sus objetivos en esta huelga sean coincidentes. En este sentido, el sindicalismo español –muy especialmente, CC OO– ha dejado claro que su objetivo central es el de recuperar el modelo de concertación con el Gobierno PP; modelo cuyo último exponente es el restrictivo acuerdo sobre pensiones firmado en 2001 por CCOO, y.que, recordemos, ha servido para colocar el label social a toda una serie de medidas restrictivas de derechos y coberturas y para que Aznar se haya paseado por la Unión Europea como paladín del diálogo social. Esta distinta percepción de los objetivos de la huelga, así como la constatación de que, cuando el sindicalismo español se sitúa en la concertación, tarda poco en poner sobre la mesa iniciativas para ahogar el margen de actuación del sindicalismo de ámbito vasco, hacen muy difícil para ELA un formato de mera adhesión a la convocatoria madrileña. Por último, tampoco se puede olvidar que la iniciativa gubernamental acentúa la centralización del sistema de desempleo, materia sobre la que chocan las posturas de unos y otros sindicatos. Hay precedentes de participación del sindicalismo abertzale en huelgas generales de ámbito estatal con formato propio, incluso con una fecha distinta, como ocurrió hace diez años, cuando ELA y LAB, junto con CCOO, promovieron la huelga del 27 de mayo de 1992 (un día antes que en el estado) contra el “Decretazo”. Qué vaya a pasar en este caso se aclarará seguramente la semana próxima. Aunque hay algo que desde ahora tenemos claro: no vamos a hacer una huelga general para que la clase trabajadora vasca extienda un cheque en blanco a favor del sindicalismo español, ni para ayudar a que Fidalgo recupere el buen rollo con Aznar.