El anteproyecto de ley sobre el "Redimensionamiento de la Administracion Local" de Rajoy facilita despidos en la adminsitración local
El Gobierno liderado por Mariano Rajoy aprobó en Consejo de Ministros un informe para el "redimensionamiento y sostenibilidad de la Administración Local", que modificará la actual Ley de Régimen de Bases Local.
El anteproyecto de Ley que todavía tiene que pasar varios trámites y que se tendrá que debatir y aprobar o rechazar en las cortes, busca ahorrar 7.129 millones de euros en los ejercicios 2013 y 2014 en la administración local. Para ello, limitarán los salarios de los alcaldes y el número de concejales que pueden estar a cargo de los ayuntamientos, según la población del municipio. Pero con estas medidas, difícilmente llegarán al ahorro pretendido.
La Ley determinará cuáles son las competencias de cada administración y "ordenará" las mismas para que cada competencia sea de una administración y no haya duplicidades. Es decir, varios de los servicios que hoy ofrecen los Ayuntamientos y Diputaciones los ofrecerán otras administraciones y algunos, incluso desaparecerán. Esto puede traducirse en despidos colectivos o despidos por causas objetivas - ya aprobaron los mecanismos para implantar EREs para el personal laboral- y en medidas de movilidad geográfica y funcional para el personal a cargo de los Ayuntamientos.
Las Mancomunidades, estarán sujetos al riguroso control de los presupuestos y cumplimiento del déficit, y si a esto se le añade la regulación de las competencias que quieren llevar a cabo, podemos decir que corren serio peligro, y los/as trabajadores/as serán los primeros afectados.
Además, esta Ley, pretende aumentar el control del Gobierno estatal sobre los Ayuntamientos, ahondando en la centralización, dando más poder a los interventores, que serán de habilitación nacional que dependerán funcionalmente del Estado y habilitando al Gobierno para establecer las normas sobre los procedimientos de control.
ELA muestra un rechazo firme a esta medida ya que destruirá la calidad de los servicios públicos que se ofrecen desde los Ayuntamientos y las Diputaciones forales y traerá consigo la destrucción de mucho empleo público, en un momento donde las instituciones públicas tienen que ser vanguardia y poner en marcha políticas para crear empleo.
Por ello, ELA exige a los Gobiernos Vasco y Navarro a que tomen las medidas oportunas para que esta Ley no se aplique en Euskal Herria. Que defiendan las competencias propias y los derechos históricos de nuestro pueblo y no apliquen, otra vez, las medidas impuestas por Madrid.