El gobierno español antepone los intereses privados a los del pueblo argentino

ELA recuerda que YPF fue de titularidad pública desde su creación en 1922 hasta 1992, cuando comenzó un proceso de privatización que culminó en 1999 con la adquisición por parte de la mayoría de sus acciones por Repsol (actualmente en torno al 57%).

Este cambio de titularidad lo propició el Gobierno de Menem, enmarcado en un proceso de reformas estructurales que llevaron a la privatización de planes de pensiones, reformas del mercado de trabajo y otras reformas que arrastraron a Argentina a una profunda crisis en el 2000.

Este tipo de políticas neoliberales, que sólo benefician a una minoría, son las mismas que se están aplicando en Europa actualmente, destrozando los derechos laborales y sociales de la gente.

Con la actuación del Gobierno de Rajoy y de quienes se oponen a esta nacionalización, queda en evidencia el sometimiento del poder político a las grandes empresas. El Gobierno del PP sale en defensa de una multinacional cuya propiedad, además, está mayoritariamente en manos de capitales que no son del Estado español.

ELA señala que la nacionalización de YPF es un ejemplo de que se pueden hacer y se están haciendo políticas diferentes a los ajustes y recortes que aplican los Gobiernos que critican esta medida. Son políticas beneficiosas socialmente, en este caso para el pueblo argentino. El Gobierno de Rajoy en lugar de eso, antepone los intereses de una empresa privada.