ELA, LAB y STEE-EILAS suspenden su participación en la mesa negociadora de la función pública de Nafarroa

Para LAB, ELA y STEE-EILAS busca el enfrentamiento entre trabajadores y trabajadoras de los sectores público y privado, la destrucción de empleo público, el empeoramiento de las condiciones de trabajo del sector público y en consecuencia el desmantelamiento de los servicios públicos.

LAB, ELA y STEE-EILAS queremos recordar que recientemente Yolanda Barcina, Roberto Jiménez y el resto de consejeros se han subido el sueldo (23.178€, 16.135€ y 9.759€ respectivamente), subida que también repercute en ese capítulo de gastos.

Además, a las medidas anunciadas hay que añadir el ataque a los servicios públicos que venimos sufriendo: reducción y congelación salarial en 2010, 2011 y 2012, privatización de las cocinas del complejo hospitalario,  despido de 250 profesores y profesoras, negativa a consolidar empleo, despido de 80 trabajadoras de la limpieza en centros educativos, cierre de bibliotecas, recorte en formación para empleados y empleadas públicas, desmantelamiento de los laboratorios de Tudela y Estella con el despido del personal contratado temporal (unas 30 personas)...

Ante esta situación ELA, LAB y STEE-EILAS exigimos la retirada inmediata de las medidas regresivas presentadas. Asimismo, hemos solicitado la eliminación del Plan Moderna, la recuperación del poder adquisitivo, la convocatoria de OPE, la paralización de las privatizaciones en marcha y la reversión de las ya existentes,  así como  una clara  apuesta por la calidad y el desarrollo de los servicios públicos y la no aceptación de injerencias externas.

Para poder llevar a cabo estas propuestas hemos exigido al Gobierno un cambio en las políticas públicas que supongan un aumento del gasto social y un cambio en las políticas impositivas hacia una fiscalidad más justa.

Ante la negativa por parte del Gobierno de retirar los recortes en personal, ELA, LAB y STEE-EILAS hemos decidido suspender nuestra participación en la Mesa hasta la retirada de todas las propuestas regresivas. La negociación de cómo se tienen que aplicar los recortes supone una justificación de los mismos. LAB, ELA y STEE-EILAS no vamos a ser cómplices de estos recortes, ni vamos a participar en negociaciones que en la práctica den cobertura a los mismos.

Para fortalecer y desarrollar los servicios públicos y para garantizar unas buenas condiciones de trabajo es necesario que las personas que trabajamos en el sector público nos organicemos y nos movilicemos. Para eso LAB, ELA y STEE-EILAS vamos a convocar asambleas informativas en todos los centros de trabajo, una manifestación en defensa de los servicios públicos el 10 de marzo y una jornada  reivindicativa el 21 de marzo con diferentes movilizaciones.

Todos estos recortes no ocurren porque sí, los agentes económicos utilizan todo su poder y todos los medios a su alcance para desprestigiar los servicios públicos. Lo hacen con la connivencia necesaria de una clase política (tanto el Gobierno de Madrid como el Gobierno de Navarra) absolutamente mediocre que busca el enriquecimiento propio y no el servicio a la ciudadanía y que da cobertura y se aprovecha de diferentes reformas y medidas presupuestarias para que sea la clase trabajadora la pagana de esta crisis que sólo ellos han provocado.

Estamos convencidos de que a través de la movilización vamos a ser capaces de reforzar los servicios públicos y de garantizar los puestos de trabajo y las condiciones laborales y sociales de los trabajadores y trabajadoras.

Por ello hacemos un llamamiento a todas las trabajadoras y trabajadores de las Administraciones Públicas de Navarra a participar en la huelga del 29 de marzo en contra de los recortes en el sector público, en contra de la reforma laboral y en defensa de un sector público propio que garantice los derechos de la población y de un marco propio de relaciones laborales. Llamamos a la ciudadanía en general, que como usuaria de estos servicios se ve afectada por estos recortes, a formar un frente común con los sindicatos para luchar por unos servicios públicos de calidad que garanticen los derechos a la educación, sanidad y protección social.