Por un servicio público de empleo de calidad y por unas prestaciones sociales dignas

Queremos denunciar que las Ayudas de Emergencia Social (AES) siguen sin ser un derecho, y que debido a la muy insuficiente dotación presupuestaria que realiza el Gobierno Vasco, ha dado lugar a que en 6 meses se haya agotado el presupuesto.

Por otra parte, se han vuelto a endurecer los requisitos de acceso a las prestaciones, y hay una clara falta de personal en Lanbide.

Los recortes también han supuesto que:

• Se hayan reducido un 7% las cuantías de las prestaciones sociales a percibir por las familias afectadas por las situaciones de paro, precariedad, exclusión y pensiones mínimas.

• Que se deje sin prestación a mucha gente que carece de recursos económicos, debido a los nuevos criterios aprobados por el Gobierno Vasco para la gestión de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Según estos criterios, se retira la Renta de Garantía de Ingresos a las familias monoparentales, matrimonios y parejas afectadas por los desahucios que sean acogidas por sus familiares, y se establece un plazo máximo de percepción de la RGI a quienes tienen empleos precarios con bajos salarios. Son unos criterios restrictivos, que se añaden a los que antes ya se aplicaban.

• En muchos casos se retrase la atención a las personas usuarias de Lanbide, ya que la insuficiencia de personal y la incapacidad de gestión de los responsables políticos, hacen que se imponga en buena parte de las oficinas un número máximo de personas que pueden ser atendidas por día.

• Se desarrollen continuas campañas de criminalización de las personas perceptoras de las prestaciones sociales por parte del poder político y de los medios de comunicación dominantes.

Estas actuaciones, llevadas a cabo por el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, afectan a la totalidad de las familias perceptoras de las prestaciones sociales, así como a quienes en el futuro van a tener la necesidad de acogerse a las mismas, y van a dejar fuera de acceso a las "Ayudas de Emergencia" a cerca de 20.000 familias.

El aumento del paro, de la pobreza y de la exclusión supone que hay más personas que acuden a Lanbide. En lugar de aumentar los medios humanos, la política de la dirección del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide está siendo no cubrir las vacantes del personal, por jubilaciones, vacaciones, bajas etc. A todo ello hay que sumar el empeoramiento y la precarización de las condiciones de trabajo existentes en Lanbide (reducciones salariales, aumento de jornada, inestabilidad y fraude en la contratación,...), la carencia de un servicio de información a las personas usuarias y la negativa a aprobar una Relación de Puestos de Trabajo adecuada, lo que puede hacer que casi 200 trabajadores y trabajadoras de Lanbide pierdan su puesto de trabajo y otra parte importante sea desplazada forzosamente. De esta forma la calidad del servicio público que ofrece Lanbide se ha resentido notablemente.

Ante todo esto reclamamos:

• Unas prestaciones sociales que permitan que quienes están sufriendo más duramente la crisis puedan vivir dignamente, y que se dé marcha atrás en todos los recortes aprobados en los últimos años.

• Un servicio público de empleo de calidad, con personal suficiente para poder llevar a cabo sus tareas, con unas condiciones de trabajo pactadas en el marco de la negociación colectiva. Abandonar, en las políticas activas de empleo, el actual diseño de subvención y financiación de entidades privadas.