El recurso al Tribunal Constitucional, ante un ataque a nuestro autogobierno no es más que una pose

25/07/2012
ELA-Gizalan denuncia que los gobiernos de Gasteiz e Iruña, que han hecho suyos los recortes de Madrid (decreto Zapatero, etc.), han venido imponiendo otras medidas vía decreto en contra de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos, que han supuesto la pérdida de más de 20% de su poder adquisitivo en los últimos dos años y un importante retroceso en las condiciones laborales.

 

Ante la decisión del Gobierno Vasco de recurrir al Tribunal Constitucional y la aceptación a trámite del presentado por el Parlamento de Navarra por invasión de competencias que suponen los recortes impuestos por Madrid, desde ELA-Gizalan queremos manifestar lo siguiente:

  • La única alternativa creíble supone la desobediencia, la no aceptación y no aplicación de las medidas impuestas por Rajoy; lo demás supone dar cobertura a las medidas y políticas del gobierno español.

  • El recurso al Tribunal Constitucional, ante un ataque a nuestro autogobierno no es más que una pose. Es de sobra conocido que el Tribunal Constitucional es un tribunal de parte y cuál será su decisión.

ELA-Gizalan denuncia que los gobiernos de Gasteiz e Iruña, que han hecho suyos los recortes de Madrid (decreto Zapatero, etc.), han venido imponiendo otras medidas vía decreto en contra de las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos, que han supuesto la pérdida de más de 20% de su poder adquisitivo en los últimos dos años y un importante retroceso en las condiciones laborales.

Exigimos a los partidos y a las Administraciones en Euskal Herria que, cada uno en su ámbito de responsabilidad institucional, establezcan políticas propias a favor de una apuesta decidida por unos servicios públicos universales y de calidad, y decidan la no aceptación de los recortes impuestos por Madrid y la retirada de sus propios decretos.

Animamos a todos los trabajadores y trabajadoras de los servicios públicos a participar en las diferentes movilizaciones y en el trabajo de socialización de la huelga general del 26 de septiembre.