ELA presenta más de 200 alegaciones para que cambie de raíz el proyecto de Ley de Empleo Público

Tras una lectura pormenorizada del Proyecto de Ley que fue presentado por el Gobierno Vasco a los sindicatos de Mesa General el pasado 11 de septiembre,ELA se reafirma en su valoración.

Este anteproyecto de ley se realiza en un contexto de graves recortes en nuestros servicios públicos que ponen en riesgo el servicio, suponen la destrucción de miles de empleos públicos y un grave deterioro en las condiciones laborales.

Este anteproyecto, como el resto de decisiones del Gobierno, se realiza de manera unilateral sin ningún contraste ,ni negociación, con la parte social. El anteproyecto presentado por el Gobierno hace suya la ley estatal, renuncia al desarrollo de una ley Vasca, y es “copia y pega” del presentado en la anterior legislatura por el PSE y que fue rechazado por el PNV.

En lugar de impulsar un servicio público independiente al servicio de la ciudadanía se apuesta por la arbitrariedad política y el sometimiento al gobierno de turno.

Se articulan instrumentos para introducir la reforma laboral en la administración:Se posibilitan las excedencias forzosas, las reducciones de jornada y salarios,movilidades geográficas y funcionales del empleado público y no se pone límites a la privatización de servicios.

Niega el derecho a la negociación colectiva: El salario, la jornada y las licencias los decide el Estado Español.La administración decide unilateralmente las condiciones de trabajo y no se garantiza el cumplimiento de los posibles acuerdos. Se posibilita incluso que los interinos puedan tener retribuciones menores a las del personal funcionario.

Elimina también los instrumentos mínimos de participación social, sindical y de la plantilla en la gestión de las administraciones públicas. Hay una renuncia a incluir a todo el personal que conforma el sector público de la CAPV y no hay una apuesta real por la euskaldunización de los servicios y del personal.

Por tanto, va en la dirección opuesta a la ley que ELA defiende; una ley que apueste por una administración propia, euskaldun,independiente y con control social al servicio de la ciudadanía. Con condiciones de trabajo dignas, basadas en la inamovilidad e independencia como condición necesaria para garantizar unos servicios básicos de calidad. Reconozca el derecho a la negociación colectiva real sin injerencias externas,ni imposiciones unilaterales, respetando las reglas de juego democráticas de “ igual a igual”.

Una ley que englobe a todos los ámbitos públicos de la CAPV, incluyendo los que hoy son parte del ámbito estatal. Una Ley que garantice que la función publica se desempeñe por empleados /as públicos/as;impidiendo la privatización de más servicios y revierta a lo público los servicios subcontratados con la garantía del mantenimiento de los actuales puestos de trabajo. Que contemple la cobertura de vacantes,sustituciones y la estabilización de las plantillas, en la cual los puestos estructurales estén cubiertos por personal fijo y que se sancione a la administración que incumpla con esta obligación.Con procesos de acceso a la administración basados en la capacidad,igualdad y transparencia. Una Ley que apueste por una administración euskaldun.

Para ello el sindicato ELA ha presentado a este anteproyecto más de 200 alegaciones y va a comenzar una ronda de reuniones con los partidos politicos con representación en Gasteiz para cambiar de raíz la orientación del anteproyecto de ley presentado y se haga una ley para dotarnos de un sistema propio de función pública que responda a las necesidades de la ciudadanía a la que servimos. Con transparencia y sin imposiciones.