ELA apremia al Gobierno de Navarra y a sus socios que no aprueben un presupuesto con solo el 1,6% para vivienda
ELA ha presentado un informe sobre la crisis de vivienda (LEER AQUÍ) en Hego Euskal Herria que analiza cómo el actual modelo inmobiliario genera pobreza y desigualdad, denuncia la insuficiencia de las políticas públicas y plantea medidas para acabar con la especulación y garantizar el derecho a la vivienda.
La vivienda como generadora de desigualdad social
El alquiler transfiere cada año cientos de millones de euros de las rentas bajas a las altas. Según el informe, en la CAPV y Navarra se pagan 1.338 millones de euros anuales en alquileres, de los cuales el 40% de la población con menos ingresos asume el 62% de esa factura, mientras que el 20% más rico recibe el 55% de todos los ingresos generados por los arrendamientos. Estos datos muestran cómo el alquiler se ha convertido en un mecanismo de transferencia de riqueza de quienes menos tienen hacia quienes concentran la propiedad.
Otro negocio muy lucrativo es el de las hipotecas. Una hipoteca media en Navarra supone pagar 60.000 euros en intereses a los bancos. De la misma forma, cada vez más empresas o fondos se están apropiando de viviendas en nuestros barrios: en Navarra el 30% del parque de alquiler está en manos de grandes tenedores, y 8 de cada 10 viviendas de los grandes tenedores son de fondos de inversión y fondos buitre.
La vivienda es uno de los principales factores de empobrecimiento de la población. La tasa de riesgo de pobreza pasa del 17,1% al 25,7% después de pagar la vivienda, mientras que en el caso de quienes pagan alquiler aumenta del 41% al 68%. En ese sentido, los precios de la vivienda han crecido el doble que los salarios. Desde 2015, el precio de compra ha aumentado un 63% en Navarra, mientras que los salarios han aumentado un 32%.
La escasez de vivienda protegida, especialmente de alquiler, agrava todavía más el problema. En Navarra, el 95% de la vivienda protegida pasará a ser privada en los próximos años. Todo ello mientras 24.721 personas esperan una vivienda protegida en Navarra.
El Gobierno de Navarra y los ayuntamientos deben asumir su responsabilidad
ELA considera que esta situación no es inevitable, sino que responde también a las políticas de vivienda desarrolladas durante décadas. El fracaso de las políticas de vivienda, donde se ha priorizado un modelo que ha beneficiado a las empresas constructoras y la banca a través de la vivienda en propiedad, se ha destinado una financiación insuficiente al alquiler público y no se han utilizado todos los instrumentos disponibles para frenar la especulación. El alquiler protegido representa el 2% en Navarra, frente al 6,5% europeo.
El Gobierno de Navarra, principalmente, y, en menor medida los ayuntamientos tienen amplias competencias para actuar contra la especulación y garantizar el derecho a la vivienda. Imanol Pascual (coordinador de ELA-Nafarroa) subrayó que “han pasado 11 años desde que entró el Gobierno del cambio, y la situación ha empeorado. Además, en el presupuesto de 2027, el Gobierno de Navarra solo va a destinar el 1,6% a vivienda, menos que a los peajes en la sombra; todo hace pensar que el presupuesto va a salir adelante con los votos de PSN, Geroa Bai, Contigo Zurekin y EH Bildu. No es de recibo que unos partidos que se consideran progresistas solo destinen ese exiguo porcentaje a una problemática que crea sufrimiento a las personas más vulnerables”. Por eso, ELA exige a dichos partidos que no aprueben unos presupuestos que solo destinan a vivienda el 1,6%.
Propuestas de ELA:
• Prohibir los desahucios sin ofrecer una alternativa habitacional.
• Prohibir la especulación inmobiliaria: impedir que fondos de inversión y sociedades especulativas adquieran viviendas y suelo residencial, expropiar viviendas a fondos que incumplan su función social.
• La creación de una banca pública que acabe con el negocio y el abuso de los bancos tradicionales.
• Intervenir los precios del alquiler: extender las zonas tensionadas a todo Hego Euskal Herria, establecer índices propios que permitan reducir los precios y garantizar contratos de alquiler indefinidos o de larga duración.
• Ampliar notablemente el parque público de alquiler: aumentar la inversión pública en vivienda hasta el 1% del PIB a corto plazo y alcanzar progresivamente el 2%, priorizando la construcción y gestión pública frente a la dependencia de promotoras privadas.
• Cambiar la fiscalidad de la vivienda: eliminar los beneficios fiscales a propietarios y gravar más los ingresos de los grandes tenedores.
• Avanzar hacia un marco propio de vivienda: reclamar plenas competencias para regular el alquiler, la propiedad, la financiación, la función social de la vivienda y la protección frente a los desahucios.
El sindicato subraya, finalmente, que la movilización social es fundamental y sitúa la huelga general del 11 de noviembre como una oportunidad para dar un giro radical a las actuales políticas de vivienda.