El anteproyecto de ley de Mutuas de la Seguridad Social es otro grave paso en la intromisión de las mutuas en la sanidad pública

En primer lugar, llama la atención el cambio en la denominación de las “Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales” por el de “Mutuas de la Seguridad Social”. Este cambio de nombre no es sólo formal, sino que explica la intencionalidad del Anteproyecto: extender cada vez más el campo de acción de las Mutuas a la gestión de las contingencias comunes (accidentes no laborales y enfermedades comunes).

Efectivamente, desde mediados de los años 90, los sucesivos Gobiernos han venido aprobando diversas disposiciones legales en una clara estrategia de privatizar la sanidad pública y dar a la patronal la facultad de controlar la asistencia sanitaria de la población trabajadora mediante las Mutuas. Este Anteproyecto es un nuevo y grave paso en esta dirección.

Con este objeto, y para controlar el absentismo laboral, en el citado Anteproyecto se recogen las siguientes medidas, entre otras:

• Faculta a las Mutuas para intervenir desde el inicio de la Incapacidad Temporal por contingencia común, pudiendo realizar el seguimiento de la prestación desde el primer día de la baja.

• La Mutua podrá formular una propuesta de alta médica motivada. Esa propuesta será enviada al facultativo del Servicio Público de Salud que emitió el parte de baja, a través de los servicios de Inspección del Servicio Público de Salud correspondiente.

• La novedad estriba en que la inspección sanitaria dispondrá de un plazo de 5 días desde la recepción de la propuesta de alta para comunicar a la Mutua la estimación de la misma o para denegarla.

• Si en el mencionado plazo no se notifica a la Mutua el parte de confirmación de la baja, se considerará estimada la propuesta y emitido el parte médico de alta. Esta alta médica surtirá efectos desde el día siguiente a su notificación, y el trabajador o trabajadora tendrá la obligación de reincorporarse al trabajo.

Podemos concluir que con este Anteproyecto se deja a los trabajadores y a las trabajadoras en situación de mayor desprotección frente a las decisiones de las Mutuas, ya que es sabido que éstas priman el ahorro de los costes económicos sobre los criterios de salud en la gestión de dichas bajas. Además se recorta la capacidad de decisión de la y los médicos de cabecera, poniendo en cuestión la profesionalidad del personal sanitario del sistema público de salud.

Por todo ello, ELA reitera su total rechazo al contenido de esta nueva reforma y exige su retirada. Asimismo, reitera la necesidad de trasladar a la negociación colectiva el mantenimiento o la reversión de las contingencias comunes al sistema público de salud.