Una ILP reclama derechos sociales básicos
Esta mañana, los responsables de los sindicatos ELA, ESK y STEE-EILAS, Jose Elorrieta, Angel Abalde y Belén Arrondo han presentado los contenidos de la ILP-Iniciativa Legislativa Popular que se espera sea debatida en el parlamento en los próximos meses. Para ello se tendrán que recoger 30.000 firmas en la CAPV y 7.000 en Navarra. En la propuesta se recogen diversas medidas en materia de vivienda, sanidad, educación y dependencia
¿Qué es una Iniciativa Legislativa Popular (ILP)?
Es una forma de participación popular en la función legislativa. Reconoce a la ciudadanía el derecho a presentar una propuesta de ley para que sea tramitada y debatida por el parlamento. De esta forma se consigue imponer al parlamento la discusión de unas materias que interesan a mucha gente, pero que, por el motivo que sea, no han sido tomadas en consideración por las fuerzas políticas.
Desde el punto de vista democrático, la ILP fomenta la participación ciudadana en la vida pública, mediante la iniciativa legislativa y el seguimiento de la actuación de los poderes públicos.
La ILP exige determinados requisitos, el más importante de los cuales es el de contar con el apoyo de un determinado número de ciudadanas y ciudadanos. Por eso es tan importante la recogida de firmas, cuantas más mejor, a favor de la ILP.
¿Para qué la Iniciativa Legislativa Popular por una Carta sobre el modelo de sociedad?
Para cambiar el rumbo de unas políticas neoliberales que producen cada vez mayor desigualdad.
Es cierto que las grandes declaraciones de derechos afirman solemnemente la igualdad de todas las personas. Y, sin embargo, la desigualdad crece aceleradamente. Es el resultado de la imposición del mercado en todos los órdenes de la vida, y de la renuncia de los poderes públicos a desarrollar políticas de redistribución de la riqueza y de promoción de condiciones mínimas de igualdad para todas las personas.
Los sindicatos ELA, ESK y STEE-EILAS hemos promovido esta ILP porque pensamos que la solidaridad no debe quedar para la familia o para la buena voluntad. La solidaridad debe inspirar la política social y, en consecuencia, llevar a la revisión de los criterios economicistas que se vienen aplicando: reducción del gasto público, fiscalidad regresiva, privatización de todo lo que pueda ser negocio...
Reivindicamos una verdadera política social, centrada en las necesidades de las personas, que asuma una responsabilidad social e intervenga para establecer estrategias de igualdad y mecanismos de solidaridad.
¿Qué derechos sociales básicos reclama la ILP?
- Derecho a la protección social
- Derecho a la salud y a la adecuada atención sanitaria
- Derecho a una educación de calidad
- Derecho a una vivienda digna
- Derecho a un medio ambiente sano
- Derecho a un trabajo
- Derecho a asistencia en situaciones de dependencia
- Derecho a protección familiar suficiente
- Derecho a servicios públicos en euskara
- Derecho a no sufrir discriminación por el lugar de nacimiento
- Derecho a renta básica y ayudas de emergencia social suficientes ante situaciones de pobreza.
¿Qué actuaciones concretas propone la ILP?
La ILP propone actuaciones concretas en cuatro áreas, que permitirán garantizar importantes derechos sociales y mejorar sustancialmente las condiciones de vida de los colectivos que sufren más directamente las consecuencias de las políticas neoliberales: mujeres, personas con discapacidad, jóvenes, inmigrantes,...
Dependencia
Un servicio público universal y gratuito de atención a la dependencia que garantice a las personas que no se pueden valer por sí mismas el derecho a ser cuidadas y atendidas en su entorno habitual (ayuda domiciliaria, residencias, centros de día...).
Educación
Plazas públicas suficientes para atender la demanda existente para niños y niñas de entre 0 y 3 años.
Los presupuestos de la CAPV garantizarán la financiación y la gratuidad de la enseñanza en los centros educativos públicos a partir de 2007.
Sanidad
La atención sanitaria pública comprenderá la salud buco-dental, la atención oftalmológica y las revisiones ginecológicas que demanden las mujeres.
Vivienda
Incremento del gasto público en vivienda del 0,3% del PIB actual, al 2% del PIB, en cinco años.
Destino del 60% de la vivienda pública a alquiler, con preferencia para las personas con menores ingresos.
20.000 viviendas de protección oficial al año durante los próximos cinco años.
Sacar al mercado de alquiler 60.000 viviendas, actualmente vacías.
Revisar la política de financiación de la vivienda, actualmente basada en desgravaciones fiscales
Consejo consultivo
Se creará un Consejo consultivo de participación social, que informe sobre las medidas para la puesta en práctica de la Carta sobre Modelo de Sociedad, y plantee iniciativas sobre política social.