La modificación de la ley de Garantía de Ingresos supone un grave retroceso
Entre las graves medidas a adoptar destacan que las personas que pretendan acceder a la RGI lleven por lo menos tres años empadronadas en la CAPV y de no ser así deberán acreditar cinco años de cotización a la Seguridad Social. También contempla, que quienes perciban dichas ayudas deberán colaborar en trabajos de carácter social (que no se concretan) y además se retirará la prestación a quienes rechacen una oferta “adecuada” de trabajo. A esto, hay que sumarle que las competencias en materia de garantía de ingresos se derivarán desde los servicios sociales a los servicios de empleo del Gobierno Vasco, con todo lo que ello acarrea.
El Gobierno Vasco ya anunció mediante la Propuesta para la Colaboración Interinstitucional con las Diputaciones Forales, presentada por el Lehendakari la intención de recortar las prestaciones de la Ley de Garantía de Ingresos, ordenando “de forma más razonable” los requisitos de acceso al derecho de la prestación.
Esta medida crea mayor desigualdad y discriminación y expulsan del sistema de protección a las personas con menos recursos, entre estos las personas inmigrantes, que tendrán que vivir en condiciones de mayor pobreza, por lo que aumentarán las situaciones de marginación y la conflictividad social.
Es evidente que lo acordado entre PSE y PP son recortes de derechos, por lo que el gobierno miente al decir que no son medidas de recorte. Según Zabaleta el endurecimiento de los requisitos “hará el sistema más eficiente y permitirá luchar contra el fraude”. Esto también es falso. Luchar contra el fraude no es lo mismo que recortar. Relacionando prestaciones sociales y fraude el Gobierno Vasco y el PP criminalizan al colectivo de personas preceptoras de prestaciones sociales e incrementan la xenofobia, a la vez que da un tratamiento privilegiado a las rentas. Lo único que se conseguirá con este tipo de medidas es que la economía sumergida aumente y las condiciones socio-laborales se precaricen. Intentan vender el acuerdo como avance para poner fin a los casos de fraude, cuando lo que realmente pretenden es arrojar a miles de personas a la indigencia y seguir desmontando el estado de protección social que se había alcanzado.