ELA presenta "Crónica Negra de la Administración Pública de Navarra" como respuesta al impulso privatizador del Gobierno foral
Este documento refleja una radiografía muy preocupante, que nos tiene que llevar a transformar la indignación en acción sindical y en movilización. Por muchas razones, este curso va a ser crucial para conseguir dar la vuelta a esta situación. Esta 'Crónica Negra de la Administración Pública de Navarra' analiza individualmente todos los ámbitos laborales del Gobierno de Navarra y recoge los testimonios en primera persona de una docena de militantes de ELA. El diagnóstico es claro: somos 1.400 empleados públicos/as menos que hace tres años, nos han recortado salario y condiciones laborales, y el servicio se ha degradado.
Y esa degradación no es una consecuencia fortuita o inocente. Es un objetivo deliberado del Gobierno de Barcina, hasta 2012 con el PSN y a partir de entonces con UPN en solitario. Quieren hacer creer a la ciudadanía que lo público es ineficiente y costoso para privatizarlo. Ahí introducen otra falacia: que lo privado es más competitivo y barato, cuando en realidad solo buscan trocear la Administración para ir adjudicándosela a empresarios afines, como pasó con las cocinas hospitalarias.
Ese empeño privatizador ha conocido un nuevo impulso en los últimos meses. Para empezar, el Gobierno de Navarra impulsa desde 2008 el Plan Moderna a través de una fundación privada. Su función oficial: “Diseñar un nuevo modelo de desarrollo económico para Navarra, que definirá las líneas estratégicas de carácter general, sectorial y territorial a seguir durante las próximas décadas”. Es decir, se delega la más importante función pública a una entidad privada, la Fundación Moderna. Eso es subcontratar a dedo la tarea nuclear de este y de cualquier Gobierno.
Y de aquellas directrices viene todo lo demás. Igual que en el Plan Moderna, en el recientemente aprobado Consejo del Diálogo Social también participan UGT, CCOO y la patronal CEN. En lo que concierne a los servicios públicos, este órgano se constituye con dos sindicatos que son minoría en las Administraciones Públicas de Navarra (suman el 44% de la representación de los trabajadores/as). Pese a ello, se les encomienda “el conocimiento previo de las actuaciones normativas y de otras actuaciones de especial relevancia de la Admnistración” (art. 2.2e). Además, les asigna como ámbito de intervención “entidades y organismos públicos integrados en la Administración del Gobierno de Navarra que tengan atribuidas competencias en materias de carácter laboral, social o económico” (art. 12.1a).
Aunque en el mismo documento se reconoce después que la negociación colectiva se queda al margen y se regirá por su regulación específica, ELA denuncia que este Consejo de Diálogo Social invade competencias sindicales ajenas y se atribuye una representatividad que los trabajadores/as no les han otorgado, ni a UGT ni a CCOO, ni mucho menos a la CEN.
La última vuelta de tuerca en este impulso privatizador para usurpar la participación de los empleados/as públicos/as se conoció en la Mesa General del pasado 26 de noviembre. El Gobierno de Navarra presentó un extenso documento titulado “SIGE: Sistema General de Gestión”, supuestamente elaborado por decenas de expertos durante tres años. En contraste con ello, a los sindicatos se nos dio un plazo de tres semanas para aportar sugerencias, pero el texto “no es negociable”.
En resumen, el SIGE emplea los patrones analíticos de la empresa privada, con la implantación de sistemas de certificación de la calidad (EFQM). Dicho doumento está plagado de generalidades y conceptos abstractos (gráficos, análisis DAFO y otros protocolos propios de la empresa privada), y sólo concreta en cuestiones bien conocidas para los y las empleadas públicas: gestión de personas con movilidad geográfica, flexibilidad y dimensionamiento de recursos. Es decir, justificación para más recortes.
Además, este sistema será evaluado por un órgano de composición antidemocrática, la Comisión Foral de Evaluación, a la que solo están convocados UGT y CCOO pese que no suman la mayoría de la representación sindical en la Administración. ELA advierte de que estas iniciativas solo acarrean una mayor burocratización y asumen la competitividad como un objetivo, algo que ha tenido pésimas consecuencias allá donde se ha implantado (enseñanza concertada, por ejemplo).
La Administración Pública debe ser solidaria y competente, pero no competitiva, ni debe rebajarse a asumir certificaciones como el EFQM, que solo suponen un negocio para las empresas que asesoran, forman, evalúan y auditan estos programas. Vendrán desde fuera a examinarnos, y a llevarse los fondos públicos.
ELA no participará en ningún diagnóstico ni plan para las Administraciones Públicas si no se afronta un cambio desde la raíz y con una participación sin exclusiones. Además, ELA reitera su compromiso por mejorar los servicios públicos, pero no para competir con nadie, sino porque es un principio irrenunciable para una sociedad más justa.