Hay una campaña organizada contra el euskera

CCOO ha acusado a Argia y a quienes hemos denunciado esto de construir “teorías conspirativas”. Sin embargo, no hay tales teorías, sino una campaña organizada contra el euskera y las personas euskaldunes. La investigación ha puesto de manifiesto que personas sin verdadero interés por obtener un puesto de trabajo fueron animadas a inscribirse en convocatorias para poder presentar recursos. Se les ofrecía asistencia letrada gratuita, se les facilitaba el procedimiento, pero el objetivo no era un plaza, sino frenar las convocatorias. Esto no es defender un derecho: es un fraude procesal organizado.

Un grupo de militantes de CCOO y de Ezker Anitza (la IU de España) han contrapuesto en estos últimos años el derecho al trabajo y los derechos lingüísticos. Se trata de una dicotomía supremacista falsa que únicamente se plantea en el caso del euskera, que obvia que el conocimiento del castellano es una condición imprescindible para acceder a cualquier puesto de trabajo público. Pero el derecho a trabajar y a ser atendido en euskera también es un derecho de la ciudadanía y de las trabajadoras y trabajadores. Suprimir el derecho a trabajar en euskera no es defender a las trabajadoras; por el contrario, busca perpetuar la prioridad que desde siempre ha tenido el castellano y convertir a la población euskaldun en ciudadanos de segunda categoría. 

CCOO y UGT, que impulsan la ofensiva, firmaron en Madrid un acuerdo que pone en peligro los puestos de trabajo del personal interino. Y en Euskal Herria no han respaldado propuestas para consolidar las plazas de las y los interinos y euskaldunizar la administración de modo flexible y progresivo. Las propuestas que garantizan la consolidación y al mismo tiempo plantean regímenes de transición para cumplir los perfiles lingüísticos los que generan las condiciones reales para aprender euskera y prevén excepciones para las personas cercanas a la jubilación. Aquellas organizaciones han preferido firmar un acuerdo en Madrid y alimentar la cruzada contra la normalización del euskera, o sea, eternizar el trabajo exclusivamente en castellano. 

Porque el verdadero problema no es la eventualidad o lo duras que son las condiciones para acceder a puestos de trabajo públicos. El problema es el euskera. Para entrar en las administraciones públicas se exigen numerosas condiciones: titulaciones, oposiciones, aptitudes ténicas, experiencia, saber castellano... Nadie dice que sea discriminatoria la imposibilidad de optar a una plaza de médico sin haber estudiado la carrera de medicina. Ni que exigir el castellano sea excluyente. La única condición que se quiere eliminar es el euskera. Porque el derecho lingüístico no se limita a que cada persona pueda hablar una lengua; es necesario que la interlocutora también tenga capacidad de entender. Sin ello no hay ni lengua, ni comunicación. 

Es en este contexto donde hay que situar el Decreto 19/2024 de normalización del euskera. Aunque los criterios que establece son en muchos casos insuficientes para la normalización del euskera, su objetivo es fijar una referencia mínima: es la herramienta que indica a las administraciones en cuántos puestos de trabajo habrá un nivel de exigencia de euskera para garantizar los derechos lingüísticos de la ciudadanía. 

Sin embargo, los partidos, agentes y sindicatos implicados en la ofensiva contra el euskera se amparan en la interpretación más restrictiva de la Constitución española, y se basan en interpretaciones de jueces y tribunales supremacistas, españolistas y euskarófobos para convertir una normativa que debía garantizar un conocimiento y uso mínimo del euskera en arma para frenar su extensión y normalización. Presentan un instrumento para la normalización como límite jurídico para que las administraciones no adopten medidas efectivas en favor del euskera. Esa es la verdadera operación: frenar la normalización del euskera.

Ni en el caso de Errenteria, ni en el de Donostia, o los de las diputaciones forales, en ninguno de ellos se ha tratado de defender a trabajadores; lo que ha habido es un sabotaje organizado contra el euskera y las personas euskaldunes. Y que los impulsores de ese sabotaje asuman el papel de víctimas de una teoría conspirativa es pura hipocresía. 

Somos la gente euskaltzale la que debe responder a estos ataques y tomar medidas para que no se vuelvan a dar. Instituciones, sindicatos, partidos políticos, agentes sociales y euskalgintza debemos dar una respuesta acorde con la ofensiva: elaborando garantías legales más sólidas, dando respuestas institucionales e impulsando la movilización social. 

El derecho a vivir en euskera es un derecho fundamental democrático de toda la ciudadanía y la clase trabajadora. Para garantizarlo hacen falta medidas decididas: Políticas para universalizar el conocimiento del euskera, lograr que el punto de partida real sean las condiciones materiales para su uso y el conocimiento de ambas lenguas oficiales en las administraciones públicas, asegurando el empleo y euskaldunizando la administración de modo progresivo y flexible. Porque si no hablar de libertad es un fraude. La persona que solo sabe una lengua la impone siempre. Solo una administración en la que se hablan ambas lenguas puede garantizar la opción de la ciudadanía.