El Gobierno Vasco vuelve a priorizar a las empresas frente a la protección de la clase trabajadora
Tal y como ya ocurrió con la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, o con la activación el año pasado de la Mesa para la Defensa Industrial ante las amenazas de los aranceles de Trump, el Ejecutivo vasco ha optado por activar ayudas, avales, financiación ventajosa y otras medidas orientadas a sostener la actividad empresarial, dejando en un segundo plano las medidas para proteger a las personas trabajadoras. Días antes también se anunciaron medidas fiscales al servicio de las empresas.
ELA recuerda que Euskal Herria es especialmente vulnerable ante este tipo de crisis por su alta dependencia energética, particularmente de los combustibles fósiles. El agravamiento del conflicto en Irán y sus efectos sobre el estrecho de Ormuz pueden tener un fuerte impacto sobre el precio del petróleo, del gas, de la electricidad, de los fertilizantes y de otros bienes básicos, con consecuencias directas sobre el coste de la vida. Ante esta situación es previsible que sea necesario aumentar el gasto público para garantizar una mayor protección social.
El sindicato subraya que la experiencia reciente es clara: durante la crisis energética de 2022 y 2023, mientras la inflación castigaba con dureza a la mayoría social y erosionaba el poder adquisitivo de salarios y pensiones, las empresas, especialmente las entidades financieras y compañías energéticas, multiplicaron sus beneficios. A pesar de esta situación, desde nuestras instituciones se pusieron todo tipo de trabas para establecer impuestos extraordinarios sobre los beneficios récord que obtuvieron dichas empresas, utilizando el concierto económico para minimizar el pago de impuestos de estas.
Por ello, ELA considera inaceptable que, ante un nuevo escenario de inestabilidad internacional, el Gobierno Vasco reincida en el mismo esquema: primero proteger a las empresas y después, de forma secundaria y limitada, valorar algunas medidas para las personas. No se puede seguir priorizando el llamado “escudo industrial” por encima del escudo social. En ese sentido, ELA considera que la Mesa para la Defensa Industrial es un espacio que prioriza los intereses empresariales y que responde más a una lógica propagandística que a una voluntad real de proteger a la mayoría trabajadora.
Frente a ello, ELA exige a las instituciones vascas un cambio de prioridades. La respuesta a esta situación debe centrarse en proteger a las personas y no en blindar beneficios empresariales. Por eso, es necesario que cualquier ayuda que reciban las empresas por parte del Gobierno Vasco o las Diputaciones tiene que estar condicionada al mantenimiento del empleo y a la imposibilidad de despedir. Además, es imprescindible que los partidos políticos vascos con representación en Madrid exijan al Gobierno español articular ayudas directas para las personas vulnerables, reforzar la protección social, intervenir sobre los precios de bienes básicos, garantizar el acceso a la vivienda y evitar que la crisis vuelva a traducirse en un nuevo trasvase de rentas desde la mayoría social hacia las grandes empresas.
Además, el Gobierno Vasco y las Diputaciones tienen que utilizar sus competencias para ayudar a las personas más vulnerables. Para ello, es necesario aumentar la recaudación fiscal a través de establecer el impuesto de sociedades en el 25% sin excepciones, además de establecer un impuesto sobre los beneficios extraordinarios que obtengan las empresas en esta coyuntura. Solo de esta forma se pueden garantizar los recursos públicos suficientes para garantizar una protección social digna.
Por último, el sindicato insiste en que este conflicto vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de avanzar hacia la soberanía económica y energética, basado en un modelo energético justo y sostenible, reduciendo las cadenas de producción y consumo y promoviendo un sistema de movilidad sostenible.