TUBOS REUNIDOS

ELA insiste en que el ERE quede sin efecto y exige garantizar el futuro industrial

ELA insiste en que el ERE quede sin efecto y exige garantizar el futuro industrial
La incorporación de 41 eventuales tras la denuncia de ELA ante Inspección no evita despidos forzosos. ELA cuestiona la credibilidad de los resultados económicos de 2025 y denuncia el uso interesado de ingeniería contable.

ELA mantiene su postura de que el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en Tubos Reunidos debe quedar sin efecto, reclamando la continuidad de la Acería, el mantenimiento del área de Logística y la ausencia total de despidos forzosos. ELA, que recurrirá el ERE, exige un plan de viabilidad industrial real que asegure el futuro de la compañía.

Tras la denuncia presentada por ELA ante la Inspección de Trabajo de Araba, un total de 41 trabajadores eventuales en situación irregular han sido incorporados a la plantilla, después de que el organismo detectara 44 casos de contratación fraudulenta. Tres de esas personas han optado por no continuar en la empresa. Este avance es valorado positivamente por el sindicato, aunque advierte de que aún persisten despidos forzosos entre el resto de eventuales y no descarta que existan más casos de fraude que serán analizados por ELA.

La resolución de la Inspección llega después de dos reuniones clave: la primera, el 24 de febrero, en la que ELA presentó un listado de posibles irregularidades en la contratación; y la segunda, el 25 de marzo, cuando se confirmó la existencia de dichos casos. Como consecuencia, la empresa se ha visto obligada a revisar su decisión final e integrar a parte de estos trabajadores en plantilla.

ELA cuestiona los últimos resultados económicos presentados por la empresa el pasado viernes, correspondientes a 2025. Pese a registrarse una facturación significativamente superior a la de 2024, las pérdidas declaradas son mayores que las inicialmente comunicadas. En un primer análisis, ELA apunta a un posible uso interesado de la ingeniería contable por parte de la dirección, cuya credibilidad pone en duda.

ELA exige a las instituciones vascas una implicación “real e inmediata” para resolver la situación de la empresa, que atribuye exclusivamente a una gestión deficiente de la dirección. ELA recuerda que el origen de la actual deuda se remonta a 2008, vinculada al reparto de 170 millones de euros entre los accionistas.