ELA denuncia que se ha firmado el desguace ordenado de La Naval

La firma actual vuelve a hacerse en un proceso opaco, ocultado al resto de representantes sindicales y a los trabajadores, a los que incluso se les dice que hay partes secretas del acuerdo que no se pueden desvelar, por dudosa legalidad.

A juicio de ELA, se confirma el engaño que ha supuesto todo el proceso de segregación, liquidación y entrega del astillero a manos privadas, que se inició en diciembre de 2004 y que se presentó como la garantía de continuidad de la actividad naval.

-Donde se habló de segregación hay simple y pura privatización

-Cuando se presentaba la venta en bloque, del área civil de IZAR, estamos ante el troceamiento de la empresa.

-Mientras se explicaba que seguiría al amparo de la Administración, a través de un holding con capital público, lo que se crea es otra empresa, por parte de CNN, a la que se han sumado otras dos, Factorías Juliana S.A. U. Y Astilleros de Sevilla S.A.

-El objeto de esta empresa, cuya sede estará en Madrid, sería la colaboración industrial, compartir las oportunidades de negocio “que requieran colaboración”, la gestión de compras “en los casos de interés común” o el desarrollo de nuevas tecnologías cuando exista “interés mutuo”.

-Sí se dejan más claros otros aspectos del curioso holding: UGT y CCOO formarán parte del Consejo de Administración, y servirá para gestionar dinero público que el Gobierno destine al sector naval, amén de otros negocios compartidos por los firmantes, en el área de la formación profesional

ELA entiende que la decisión de desguace ordenado del astillero se confirma cuando el Consejo de Ministros ha aprobado la adjudicación a un consorcio que aún no ha elaborado un Plan Industrial para garantizar la actividad. Esto se reconoce en el propio acuerdo que ha firmado CNN con CCOO y UGT, ya que uno de los compromisos es elaborar, ahora, un Plan industrial.

En este nuevo engaño hay , sin embargo, algunas cosas que sí están claras y bien definidas:

1. - El Gobierno español y SEPI han conseguido deshacerse del astillero, entregándolo a CNN

2. - Para llevar adelante el desmantelamiento, es necesaria la paz social y a ello se orientan muchas de las medidas tomadas. En los últimos años se ha generado incertidumbre y angustia entre la plantilla, sobre la viabilidad del astillero y ahora se ofrecen condiciones que puedan ser aceptables para que se abandone la empresa.

Se añade un acuerdo de convenio hasta diciembre de 2008 para “crear el clima laboral propicio” aunque firman que se podrá modificar antes “si las partes así lo acuerdan expresamente”.

3. - Después del ajuste de 228 puestos de trabajo que se hará de inmediato, el mantenimiento del empleo y las condiciones de trabajo, sólo se garantizará durante tres años.

4. - Pasados tres años, los actuales propietarios, CNN, podrán fusionar, escindir o ceder a terceros, los activos de la empresa.

5. - Después de 6 años, CNN queda libre para vender, incluso los terrenos, sin rendir cuentas a Izar ni a nadie.

6. - SEPI / IZAR cargarán con las soluciones y costes que suponga la eliminación de la plantilla durante ese tiempo y hasta diez años.

A juicio de ELA, es una operación redonda en la que los socios de CNN, incluso los socios industriales que pudiesen tener interés genuino en continuar con la actividad industrial, tienen garantizado que después de 6 años podrán hacer lo que quieran con las instalaciones del astillero y que, además, UGT y CCOO les garantizan su firma y la SEPI se lo financia.

No deja de resultar curioso que entre los adjudicatarios de CNN figuren personas que diseñaron el plan de privatización, junto a otras que ocuparon responsabilidades en la dirección del astillero cuando era público.

La consecuencia de todo ello será el desguace del astillero y el fin de una actividad industrial motora, no sólo para Ezkerraldea. Las consecuencias en la industria auxiliar y el resto de actividad inducida, ya se están notando estos años y se notarán más aún.

Esta es la realidad de lo que se ha firmado entre SEPI y CCOO y UGT y ha sido aprobado por el Gobierno Español y que ELA quiere denunciar.