La Diputación de Bizkaia y las patronales no han hecho nada para solucionar el conflicto de residencias
ELA hace una valoración muy positiva de esta primera semana de huelga de las dos convocadas en el sector, a la que habría que sumar las 18 jornadas de paro realizadas en el primer semestre del año. La valoración se refiere tanto al seguimiento de la huelga como a las movilizaciones que han llevado a cabo las trabajadoras.
El seguimiento de la huelga ha sido muy amplio, pese al aumento de los servicios mínimos al 80%, cuyo único objetivo era neutralizar e invisibilizar el conflicto, lo que deja sin derecho de huelga a un numero muy importante de trabajadoras. Como ejemplo, en muchas residencias pequeñas nadie, ni siquiera las delegadas de ELA, puede hacer huelga. En los centros grandes, donde existe una mínima posibilidad de hacer huelga, el seguimiento está siendo muy mayoritario. Igual que en la convocatoria de huelga del mes de junio, en las 30 residencias más grandes de Bizkaia el seguimiento entre quienes han podido ejercer su derecho de huelga está siendo total.
Pese a estos servicios mínimos, las movilizaciones y actos de socialización del conflicto están teniendo una participación muy alta entre las trabajadoras. Por su parte, el apoyo de los familiares de residentes está siendo una constante.
La posición patronal:
Lo primero que queremos denunciar es que, tras 25 días de huelga y un año desde la apertura de la mesa de negociación, las tres patronales del sector (ELBE, LARES y GESCA), por inverosímil que parezca, no han presentado ninguna propuesta. La reunión prevista para el día 23 de septiembre fue suspendida por la propia patronal, ante la imposibilidad de consensuar una oferta para llevarla a la mesa de negociación.
A nuestro entender a la patronal le preocupa muy poco la situación que se vive en los centros, y esta muy cómoda con la cobertura que le dan tanto la Diputación de Bizkaia como el Gobierno Vasco. Están mucho más preocupadas en aumentar el precio/plaza, que se revisará próximamente por parte de Diputación, y mantienen una guerra interna para ver cuál de las tres patronales consigue aumentar su número de plazas financiadas por la administración, para así seguir aumentando sus grandes beneficios.
ELA denuncia que las direcciones de las empresas están torpedeando el derecho de huelga de las trabajadoras, vulnerando el derecho de huelga de las trabajadoras, incumpliendo en algunos centros de manera sistemática los servicios mínimos y descuidando la atención directa a los residentes para dar una sensación de normalidad. Están obligando a las trabajadoras en servicios mínimos a realizar tareas secundarias como hacer camas, atender teléfono, registros de documentación, partes e informes, poner mesas, lo que conlleva que se dejen a un lado cuidados esenciales. En ningún caso han sido las trabajadoras las que por propia decisión han incumplido la orden de servicios mínimos como pretende dar a entender la Diputada de Bienestar social.
En este punto hay que denunciar la posición del Gobierno Vasco, que ha seguido a rajatabla las directrices que le han marcado tanto las patronales del sector como la DFB, aumentando los servicios mínímos hasta dejar sin efecto el derecho de huelga de las trabajadoras del sector, pero demostrando una pasividad absoluta ante las más de 10 denuncias interpuestas por vulnerar el derecho de huelga de las trabajadoras del sector.
Diputación Foral de Bizkaia: Cobertura a la patronal y criminalización de las trabajadoras
Hay que resaltar que la Diputación Foral no ha hecho nada para solucionar el conflicto laboral en el sector; sus actuaciones han servido para dar cobertura a las patronales del sector, criminalizar a las trabajadoras en huelga y enquistar el conflicto.
Y el Gobierno foral tiene mucha responsabilidad en la situación actual del sector. ELA lleva mucho tiempo denunciando las consecuencias de los recortes presupuestarios en las condiciones de trabajo y en el servicio; este es un servicio público privatizado, pero financiado en un 70% por la Diputación.
A fecha de hoy la Diputada de Bienestar Social aún no ha contestado a la petición de reunión realizada por este sindicato el mes de noviembre del año pasado, ni se ha posicionado acerca del informe presentado por este sindicato, que deja en evidencia la grave discriminación salarial (de hasta un 60%) y el deterioro de condiciones laborales (106 horas más de jornada anual) que sufren las trabajadoras de las residencias subcontratadas. Esta situación incide en el servicio que reciben los residentes de estos centros subcontratados, tal como han manifestado reiteradamente sus familiares.
La falta de personal es estructural en los centros; en las residencias a duras penas se garantizan los cuidados básicos, como ha puesto de manifiesto el propio informe de la Diputación. Es por ello inaceptable que la máxima responsable de la situación trate de responsabilizar a las trabajadoras en huelga de la deficiencia en la atención.
Esta situación de ninguna manera se soluciona criminalizando a las trabajadoras. Es necesario que, de una vez por todas, tanto la Diputación como las patronales modifiquen su posición y atiendan las demandas de las trabajadoras, incrementando las plantillas, modificando los ratios, disminuyendo las cargas de trabajo y mejorando las condiciones laborales del colectivo. De no ser así el conflicto laboral se alargará en el tiempo.