Patronal, CCOO y UGT defienden en la Audiencia Nacional la reforma laboral para estatalizar los convenios
ELA ya ha anunciado formalmente el recurso ante el Tribunal Supremo para continuar la vía judicial europea y anular así parte de las reformas laborales impuestas por los gobiernos de Zapatero (2011) y Rajoy (2012), puesto que dan pie a la vulneración de derechos fundamentales de negociación colectiva y libertad sindical.
El primer paso en esta vía ha sido el juicio celebrado el pasado 21 de septiembre en la Audiencia Nacional, cuya sentencia desestima la pretensión de ELA, basándose principalmente en una defensa más política que jurídica de la estatalización de los convenios laborales. Expertos jurídicos consultados por ELA evidencian que “la Audiencia Nacional comete un claro desliz jurídico, desplazando un juicio propio de la legalidad hacia otro de oportunidad estratégica”. Además, la sentencia recoge que la negociación estatal “es más eficiente, porque promueve la competitividad y la productividad de las empresas”, afirmaciones impropias del ámbito jurídico que revelan una posición política de apoyo a las reformas de PSOE y PP.
No obstante, lo más grave es la defensa conjunta que la patronal (representada en la Audiencia Nacional por FEADRS, del sector hostelero), CCOO y UGT hicieron de las reformas laborales. Cabe recordar que este proceso judicial toma como base el conflicto en torno a la firma de convenios laborales en Hostelería, pero las consecuencias afectan a todos los sectores.
Ambos sindicatos se adhirieron explícitamente a los argumentos de la patronal, en contra de la demanda de ELA. Concretamente, patronal, CCOO y UGT defendieron la “homogeneización de los convenios provinciales en la nueva unidad negociadora estatal”. A esto le llaman “negociación dinámica”, pero en realidad supone impedir que se negocien convenios provinciales o autonómicos para igualar a la baja las condiciones por medio de convenios estatales. En este punto, la patronal (y con su adhesión, también CCOO y UGT) utilizó de forma insólita como argumento jurídico unas declaraciones de Felipe González en 1980, en las que señalaba las virtudes de la centralización.
ELA recuerda que el objetivo de esta demanda es superar la jurisdicción estatal y acudir a los tribunales europeos, más garantistas, para denunciar que el marco legal posibilita la exclusión de ELA de su espacio propio de negociación colectiva, lo que supone una vulneración de los derechos fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva reconocidos en la normativa europea e internacional. ELA ha confiado su representación judicial al reconocido jurista Luis Enrique de la Villa.