La Carta de los Derechos Sociales de EH rechaza el proyecto de presupuestos de la CAV ante el Parlamento de Gasteiz
La Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria denuncia que los presupuestos de la CAV para 2021 son insuficientes para cubrir las necesidades sociales existentes, más aún, tras la pandemia generada por la COVID-19. Asegura que no responden a las prioridades de la ciudadanía, ya que no desarrollan los servicios públicos, no reconocen nuevos derechos sociales y no dan ningún paso hacia un sistema público, universal y gratuito de cuidados. Prueba de ello es que el presupuesto en sanidad pública no llega al 7 % del PIB (quedándose en un exiguo 5,32 %) y el de educación no llega al 6 % del PIB (quedándose en un 3,95 %). La Carta lamenta que el proyecto se haya elaborado sin ningún proceso participativo y rechazando a la mayoría social y sindical, “poniendo en el centro los intereses de la patronal”.
Así, muestra su rechazo al proyecto presentado, que está en tramitación en el Parlamento Vasco, porque no responde ni a una sola de las 7 reivindicaciones concretas que realizadas por la Carta, entre las que se encuentra una propuesta de reforma fiscal para incrementar la recaudación a través del Impuesto sobre Sociedades, el IRPF y el Impuesto sobre Patrimonio. Al hilo de lo anterior, Mitxel Lakuntza, secretario general de ELA, ha interpelado a los partidos de izquierda instándolos a centrar el debate en la fiscalidad y el reparto justo de la riqueza, más aún tras los datos publicados por el sindicato donde se demuestra que las grandes empresas pagan en impuestos menos de un euro de cada diez que ganan.
La Carta también lamenta que no haya ninguna propuesta para garantizar un empleo digno, ni iniciativas concretas para impulsar una jornada semanal de 35 horas que permita un reparto del trabajo o un salario mínimo de 1.200 euros para un reparto más equitativo de la riqueza.
Consideran, a su vez, que los presupuestos para el año 2021 deberían recoger sin más dilación propuestas para garantizar unas pensiones mínimas de 1.080 euros a toda la ciudadanía, reivindicación que el Gobierno Vasco ha rechazado. Recuerdan que el movimiento de pensionistas de Euskal Herria lleva 3 años movilizándose lunes tras lunes en pueblos y barrios, reivindicando un sistema de pensiones propio y, en concreto, unas pensiones mínimas de 1.080 euros; reivindicaciones que la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria asume como propias y sitúa como unas de las prioridades reivindicativas para afrontar la crisis estructural que se ha acelerado con la crisis sanitaria.
Asimismo, recuerdan que la Carta hizo pública una propuesta de reforma fiscal para incrementar de manera importante la recaudación a través de una serie de medidas en el Impuesto sobre Sociedades, IRPF e Impuesto sobre Patrimonio, que suponían un aumento de los impuestos a las rentas altas, a la riqueza y a los beneficios empresariales. El Gobierno Vasco se niega a abrir ese debate, y pretende cubrir una parte de la pérdida de recaudación que se está produciendo a través del aumento de la deuda. La Carta considera que, si no se aborda esa reforma fiscal, la deuda de hoy acarreará futuros recortes.
Del mismo modo, considera que sus propuestas tampoco han sido defendidas por los partidos de la oposición en las conversaciones que han tenido lugar en torno al presupuesto entre el Gobierno y los distintos grupos parlamentarios.
Así las cosas, La Carta de Derechos Sociales considera más necesario que nunca movilizarse para cambiar de manera radical la política presupuestaria y fiscal. “Hay que repartir la riqueza, garantizar los derechos y desarrollar los servicios públicos”.