El comité se encierra en la Diputación de Bizkaia en protesta por los recortes

Los sindicatos representados en la Diputación e IFAS y demás organismos autónomos (LAB, ELA, UGT y CCOO) abordaron la negociación colectiva del Acuerdo/Convenio 2102 con una plataforma conjunta que exigía, fundamentalmente, el mantenimiento de los servicios públicos y de la calidad de los mismos, demandando, a su vez, la recuperación de las sustituciones, en general y en concreto en los servicios de atención socio-sanitaria del IFAS que atienden a las personas con mayores dificultades de Bizkaia (tercera edad, personas con discapacidad, atención de menores tutelados…). Asimismo, se planteaba reducir la precariedad laboral y la recuperación del poder adquisitivo de trabajadores y trabajadoras, mermado de manera permanente tras las congelaciones y reducciones salariales de los últimos años y el incumplimiento del anterior convenio por parte de Diputación.

La postura de Diputación ha sido clara desde un inicio, ya que si bien alude a la obligada aplicación del Decreto-ley 20/2011 del gobierno del PP para justificar las medidas adoptadas, con anterioridad ya había acordado, en la norma foral presupuestaria para 2012, la congelación salarial del personal, la amortización de todas las plazas que quedaran vacantes por jubilación, una nueva reducción de las sustituciones en un 30% más, adicional, y el aumento de las privatizaciones en un 7,50 %. Es decir, reducción de los servicios públicos, precariedad de los servicios sociales, destrucción de empleo público y recorte y empeoramiento de las condiciones laborales del personal. De esta manera, en las reuniones entre sindicatos y la administración sobre el nuevo convenio/acuerdo, la Diputación se ha negado, en rotundo, a discutir las cuestiones principales presentadas por los sindicatos y ha presentado una propuesta cerrada, que pretendía se aceptara o rechazara sin negociación. Incluso ha aprobado unas normas sobre sustituciones, no negociadas con los sindicatos, que afectan gravemente a la prestación de los servicios públicos (tareas que dejarán de realizarse o no se harán debidamente), a las condiciones laborales del personal (cambios de horario y calendario, de puesto, aumento de cargas de trabajo, presión contra el personal para evitar ausencias…) y al empleo público (las numerosas personas que van tirando con las sustituciones las perderán). Además, la Diputación ha suspendido la aportación institucional a Elkarkidetza, ha manifestado su voluntad de acabar en la administración con los grupos de menor cualificación (D y E), pretende recortar aún más las prestaciones de la Junta de Ayudas…

Los sindicatos de la Diputación consideran que la postura de la Diputación es tremendamente grave porque recorta derechos laborales, niega una real negociación colectiva del personal de la administración y, lo más importante, porque atenta contra el servicio público y los servicios sociales en un momento socio-económico en el que más necesarios son.