ELA denuncia la orden de búsqueda y captura contra Fernando Sota

Esa orden deriva de un juicio injusto, que nunca debió producirse, así como de la condena a un año de cárcel de la que Sota debe ser absuelto en justicia. En este caso, hablamos además de una acción en solidaridad con la expresa tafallesa Inés del Río; sobre ésta persona, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo emitió una sentencia contra el estado español que había alargado injustamente su estancia en prisión. Este alargamiento injusto era precisamente el objeto de la denuncia y reivindicación social a favor de Inés del Río.

El estado debe poner fin a los juicios y procesos políticos, y debe cesar la criminalización de la solidaridad con los presos y presas. Si lo que el gobierno y el poder judicial españoles pretenden es poner fin efectivo a la defensa de los derechos de las personas presas, bien podrían, por el contrario, acabar con la política penitenciaria inhumana que vienen practicando para con los presos y presas políticas vascas, comenzando por cumplir la propia legalidad.