Para servir a la ciudadanía las policías locales deben ser cercanas
ELA considera que la seguridad se deriva del desarrollo y combinación de varios factores, como unas condiciones de vida y trabajo dignas, políticas sociales sólidas, un urbanismo y una planificación educativa adecuados, o mediante el refuerzo y aceptación de los sectores relacionados con los cuidados.
Para este sindicato los agentes municipales deben integrar una policía al servicio de la ciudadanía, que es su objeto desde su creación. ELA cree que los ejes de la labor de la policía local deberían ser el trabajo asistencial y preventivo; esto es, que deberían responder a un modelo de policía cercana, arraigada en la realidad de cada localidad.
Sin embargo, la mayoría de decisiones políticas adoptadas en los últimos años se alejan de ese objetivo. A partir de una lectura estricta del concepto de seguridad, las instituciones dicen que la seguridad pública solo puede garantizarse por parte de la policía, y que para ello hacen falta cada vez más armas. Por el contrario, ELA defiende que la seguridad se derivará de un sistema público potente, que genere las condiciones para desarrollar una vida digna. No son las armas las que nos dan seguridad.
De hecho, ELA subraya que lo necesario es reforzar el sistema público: sanidad, educación, cuidados, protección social, vivienda… Asimismo, hemos denunciado una y otra vez el deterioro colectivo de las condiciones de trabajo que han sufrido las policías municipales en los últimos decenios. Igual que ha ocurrido con el resto del personal al servicio de las corporaciones locales, ha habido pocas mejoras laborales.
El modo de defender la labor policial por parte de algunos sectores es paradójico: Con frecuencia, quienes la defienden y reclaman armas cada vez más potentes abogan por los recortes en el sector público y no están dispuestos a exigir una mayor transparencia.
Con la OPE unificada de Arkaute, defendida por todos los partidos políticos, numerosas plazas de policía municipal quedan sin cubrir, y en muchos casos la eventualidad en las plantillas ronda el 40%. Además, este modelo de OPE lleva a que las y los agentes desconozcan la realidad e idiosincrasia del entorno, lo que deriva en un grave problema para la ciudadanía y para la propia policía. Por otra parte, a las ciudadanas y ciudadanos no se les garantiza un servicio en euskera, y la rotación que se produce en las plantillas es inaceptable. Todo ello provoca una constante homogeneización de la policía, en perjuicio del carácter de policía de proximidad que ha solido representar. Para evitar todos estos problemas cada municipio debe organizar sus OPEs, tal como se venía haciendo anteriormente, y defender y fortalecer sus competencias.
Se está extendiendo una perspectiva más cerrada en la policía, ajena a las funciones asistenciales y preventivas. Mientras tanto, tal como ocurrió en la Ertzaintza, los sindicalismos corporativos tóxicos van ganando espacio con su defensa a ultranza de los intereses propios por encima de todo.
La labor policial es un servicio público y, por tanto, debe ser civil y ajustada a los principios democráticos. La eficacia de esos mecanismos es fundamental para que se pueda generar y mantener la confianza en la organización policial por parte de la sociedad. Quienes demandamos el funcionamiento adecuado de los controles de la actuación policial somos los defensores de los servicios públicos. En cambio, creemos que la defensa incondicional de la actividad policial con frecuencia esconde intereses políticos y corporativos ajenos a la propia policía. No compartimos las lecturas de ciega defensa de cualquier actuación, porque de ese modo solo se consigue un mayor alejamiento de la sociedad a la que se debe servir. La única posibilidad de generar confianza en la sociedad es investigar, transparente e independientemente, la actividad de todos los sectores, incluido el policial; además, hay que poner énfasis en la labor policial preventiva.
Por tanto, los tres principales núcleos del problema en torno a las policías municipales son el modelo que queremos, cómo se garantiza la seguridad pública y, por último, el deterioro generalizado de las condiciones de trabajo. Los tres se entrecruzan y son indicativos de la situación que conocemos en la actualidad. Es imprescindible emprender un debate público y social sobre estas cuestiones.
ELA exige un giro de 180º en las políticas públicas. Llevamos años poniendo estas reflexiones sobre la mesa y subrayando las posibles soluciones; ahora toca incorporar este debate a la agenda pública.