El Gobierno de Navarra aprovecha la necesidad urgente de titulación en el sector de la dependencia para beneficiar a UGT y CCOO

ELA considera que el anuncio del Consejo de Diálogo Social (UGT, CCOO y CEN) “garantizando la acreditación profesional en el sector de la dependencia” es una muestra más de la red clientelar que estas organizaciones mantienen en connivencia con el Gobierno de Barcina. Como se sabe, la competencia y la responsabilidad de la formación para acreditar competencias profesionales es exclusiva de los gobiernos autonómicos, en este caso del de Navarra, que durante muchos años ha hecho dejación de esta función abandonando a miles de trabajadoras a su suerte.

Es más, las organizaciones citadas y algunas otras han impartido estos cursos cobrando altísimos precios de matrícula, aprovechando que el Gobierno de Navarra no cumplía con su obligación y prefería abrir una vía de negocio para sus sindicatos afines y para la patronal. Mientras tanto, comunidades limítrofes (CAPV, por ejemplo) otorgaban estas acreditaciones mediante los cursos correspondientes en centros oficiales públicos (Lanbide), a los que acudían centenares de trabajadoras navarras, obligadas a un exilio formativo que se pagaban de su bolsillo.

Ahora, cuando se acercan las elecciones políticas y sindicales, el Gobierno de UPN modifica el Prespuesto de Navarra con el apoyo imprescindible del PSN para mover 5,5 millones de euros de unas partidas a otras. Así, elude la obligación estatal de sacar estos cursos a licitación pública y puede adjudicárselos directamente a UGT, CCOO y CEN. Estas organizaciones, por su parte, se embolsan estas subvenciones, imparten los cursos y obtienen una rentabilidad económica y también sindical, en este caso haciendo propaganda en beneficio propio a costa del erario público y de las necesidades laborales de las trabajadoras de la dependencia. ELA denuncia rotundamente este oportunismo político y sindical, y reafirma su apuesta por la formación continua impartida directamente por centros oficiales públicos. La formación y las acreditaciones profesionales son demasiado importantes para subcontratarlas a dedo, y no pueden ser una herramienta para reforzar el clientelismo de un sistema cada vez más podrido.