No al acuerdo UE-Mercosur
ELA manifiesta su oposición rotunda al acuerdo comercial entre la Unión Europea y los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay), un tratado que, de ser ratificado por el Parlamento Europeo, configuraría la mayor zona de libre comercio del mundo y consolidaría un modelo económico profundamente injusto y destructivo.
Un tratado al servicio de las grandes empresas
Este acuerdo elimina progresivamente aranceles al 90% de los bienes comercializados entre ambas regiones y abre nuevos mercados principalmente para sectores industriales europeos como la automoción, la maquinaria, la química o la industria farmacéutica. En cambio, las importaciones procedentes del Mercosur se concentran en materias primas y productos agrícolas de bajo valor añadido. Este desequilibrio refuerza una lógica claramente neocolonial: Europa exporta productos de alto valor e importa recursos naturales baratos producidos en condiciones sociales y ambientales mucho más precarias. El resultado es claro: ganan las multinacionales y pierden los pueblos.
Un acuerdo incompatible con la emergencia climática
Numerosos estudios advierten de que el tratado incrementará las emisiones de gases de efecto invernadero y acelerará procesos como la deforestación del Amazonas. Además, refuerza un modelo extractivista orientado a abastecer a las grandes corporaciones europeas a través de materias primas como el petróleo, la soja, o el maíz. Este modelo profundiza la crisis ecológica y atenta contra los derechos de comunidades indígenas.
Impacto social, laboral y democrático
El proceso de negociación entre la UE y el Mercosur se ha llevado a cabo en gran medida a puerta cerrada, con mínima transparencia y sin supervisión parlamentaria. Sindicatos, ONG y comunidades locales han sido excluidos de las negociaciones, mientras que los grupos de presión empresariales han disfrutado de un acceso privilegiado a los responsables de la toma de decisiones.
Durante la negociación del acuerdo, la Confederación Europea de Sindicatos (CES), que representa a 94 organizaciones sindicales europeas, y la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCC), que representa a 20 centrales sindicales de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay y Venezuela, han manifestado en reiteradas ocasiones su preocupación ante este acuerdo.
El acuerdo no incorpora mecanismos vinculantes para garantizar el respeto a los derechos laborales en los países del Mercosur. No existen sanciones reales en caso de incumplimiento, lo que favorece la precariedad, debilita la negociación colectiva y fomenta una competencia a la baja entre territorios. Además, los sindicatos no disponen de ningún papel efectivo de control o supervisión del tratado. Esta dinámica también amenaza el empleo en Europa, al facilitar la importación de bienes producidos en peores condiciones laborales, presionando a la baja salarios y derechos.
Grave amenaza para el sector agrario
El acuerdo fomenta una agricultura industrial orientada a la exportación y perjudica gravemente al modelo agrario local y extensivo. La entrada de productos agrícolas producidos con menores estándares laborales, ambientales y sanitarios supone una competencia desleal directa para baserritarras y ganaderos de Euskal Herria. También pone en riesgo el relevo generacional y debilita la soberanía alimentaria.
En ese sentido, resulta especialmente grave el papel tanto del Gobierno de Pedro Sánchez, como del Gobierno Vasco y el del Gobierno de Navarra. Mientras que Sánchez se muestra como adalid de la izquierda a nivel internacional, en este caso se ha plegado a los poderes económicos y corporativos. En lo que respecta al Gobierno Vasco y al Gobierno de Navarra, resulta absolutamente contradictorio que respalde este acuerdo mientras proclaman su compromiso con la economía local, el KM0 o la transición ecológica. Apoyar tratados de este tipo evidencia que su prioridad sigue siendo favorecer a los grandes intereses empresariales, aunque ello suponga sacrificar al sector primario y consolidar un modelo económico injusto.
Además, ELA advierte del intento de ciertos partidos políticos de la ultraderecha de instrumentalizar el descontento del sector agrario. Aunque partidos como Vox se posicionen contra el acuerdo, lo hacen sin cuestionar el modelo y no muestran ninguna preocupación real por los derechos laborales, la crisis climática o la justicia social.
A falta de ratificación del acuerdo en el Parlamento Europeo, ELA hace un llamamiento a la movilización social y sindical para impedir su aprobación y exigir políticas públicas basadas en la justicia social, la sostenibilidad ecológica y el respeto a los derechos sociales y de los pueblos. La UE pretende continuar sus políticas comerciales colonialistas con los países del Sur global mientras tolera atropellos contra el derecho internacional y los derechos humanos. Este tratado es una expresión más de ese modelo.