Declaración del Aberri Eguna de 2015
ABERRI EGUNA
Con ocasión del Aberri Eguna ELA reafirma su compromiso con la construcción de una nación soberana, un país de hombres y mujeres libres: libres para decidir sobre cuanto les afecta como comunidad y libres para determinar sus relaciones con el resto de las naciones del mundo.
Este ansia de libertad encuentra hoy sus mayores obstáculos, por un lado, en la negativa de los estados a reconocer nuestro derecho a la autodeterminación, y por otro, en el proceso de empobrecimiento al que se está sometiendo a las clases populares. En efecto, un número creciente de trabajadores y trabajadoras padecen cada vez peores condiciones de trabajo y de vida, y son abocados a la precariedad y a la exclusión por unos estados y administraciones subestatales que han dimitido de su función protectora.
No cabe hablar de una nación libre y soberana allí donde se niega a las mayorías el trabajo decente, la protección social o la igualdad de oportunidades. Por eso, con ocasión de esta festividad, ELA llama al conjunto de las fuerzas políticas con responsabilidades institucionales –en especial a las abertzales– a dar prioridad a unas políticas de empleo, fiscales y de protección social que pongan fin a este proceso de empobrecimiento de la mayoría social de nuestro pueblo. Estamos convencidos de que la lucha por la soberanía de nuestra nación ganaría una enorme credibilidad y concitaría adhesiones ampliamente mayoritarias -incluso en los sectores sociales hoy más indiferentes- si fuésemos capaces de situar la justicia social, la igualdad y la solidaridad en el centro de nuestra vida política y de nuestra identidad nacional.
Esta convicción no es un mero desideratum. ELA piensa que lo acontecido en el último año en Grecia, Cataluña y Escocia confirma plenamente este diagnóstico. En los tres casos coexisten reclamaciones diferentes como la identidad nacional, la democracia y la justicia social. Pero esta aspiración a mayores cotas de justicia social constituye el elemento más central y más cohesionador de las amplias movilizaciones que se han producido en esos tres países. El cambio político y social al que esos países aspiran tiene un Leitmotiv compartido: dotarse de todos los instrumentos para decidir sus políticas de bienestar y cohesión. En el caso griego aparecen muy claros los límites a la soberanía nacional cuando esta pretende confrontar con el poder económico representado por la Troika.
Por todo ello, creemos que esta celebración del Aberri Eguna es un momento adecuado para que todos y todas tratemos de responder a una pregunta fundamental: ¿con qué políticas creemos que debe hacerse un proceso de construcción nacional? Difícilmente la respuesta a ese interrogante será la política neoliberal.
Esta interrogante es del todo pertinente si tenemos en cuenta que el Estado español sólo reconoce a las instituciones vascas cuando de lo que se trata es de acordar la aplicación de las políticas económicas y sociales defendidas por la Troika. La "negociación" que nuestras instituciones han realizado sobre el cupo, la del concierto-convenio, las políticas de empleo o los límites presupuestarios asumidos así lo demuestran. Aparte de eso, la política del Estado para con Euskal Herria es recentralizadora en el autogobierno, uniformizadora en lo cultural, y represiva, muy represiva, en el capítulo de la paz y la normalización política. A todos los efectos, en nuestra relación con el estado español, estamos en plena involución.
ELA entiende que no existe entre los abertzales un diagnóstico compartido sobre esta involución. Y ese diagnóstico es aún más urgente si constatamos que todas las vías ensayadas hasta la fecha para nuestro reconocimiento nacional están definitivamente agotadas. Se ha revisado y abandonado definitivamente la lucha armada, pero no se ha revisado, por parte del nacionalismo institucional, la opción estatutista.
Es cierto que el gobierno de Gasteiz ha hecho una lectura crítica sobre el grado de cumplimiento por parte del estado sobre lo establecido en el Estatuto de Gernika. Pero el problema actual del autogobierno vasco no es sólo ni principalmente un problema normativo. Existe, efectivamente, un problema normativo: ahí están las leyes de base, las sentencias del Tribunal Constitucional, o la interposición permanente de recursos a la actividad legislativa de las administraciones vascas liderada por el delegado de gobierno de la CAPV. Para ELA, sin embargo, el problema fundamental del autogobierno es una cuestión de pulso y posición política. Porque hace mucho tiempo que la gestión del autogobierno carece de la tensión suficiente en relación con el Gobierno español. La confrontación del Gobierno Vasco se limita a presentar demandas ante el Tribunal Constitucional, cuando hace más de veinte años que este gobierno afirmó que no volvería a presentar más recursos por considerarlo un tribunal de parte. No pocas veces, se recurren, creemos, leyes básicas con cuyo contenido se está de acuerdo, para dar una falsa imagen de tensión y confrontación política. Por lo demás, la misma falta de tensión se ha manifestado, por ejemplo, en la respuesta dada en la CAPV a la Lomce y otras leyes básicas.
Por todo ello, resulta muy difícil entender la posición política que apela al mutuo reconocimiento y lealtad entre España y Euskal Herria –lo que algunos llaman "bilateralidad"– como punto de partida y principio inspirador de una eventual modificación del estatus político vasco. ELA considera que apelar hoy a esa pretendida "bilateralidad" tiene más que ver con un programa económico y social compartido con las elites empresariales, financieras y políticas madrileñas, elites muy refractarias a todo lo que suene a soberanía vasca. A pesar de las apariencias de controversia y confrontación, lo cierto es que en las materias de cierta enjundia económica se acuerda todo o casi todo: déficit y pago de la deuda (en este caso también con las diputaciones), Kutxabank, el TAV, la política fiscal…
Coherente con esta apuesta neoliberal está siendo asimismo la cobertura otorgada por el gobierno de Gasteiz a Confebask. Conviene recordar que esta patronal -escasamente representativa- convive a gusto con una ley, la española, que siempre le beneficia y se ha opuesto con beligerancia en el pasado a los intentos de revisión del estatus político. La determinación de esta patronal para que el sindicalismo representado por ELA y LAB sea ilegalizado no ha puesto en crisis su relación con el Gobierno Vasco. Por lo demás, el diálogo social puesto en marcha con la minoría sindical española completa una fotografía demencial desde el punto de vista social e democrático. ELA concluye que el desprecio del gobierno por las mayorías sindicales representativas sólo puede explicarse desde su posición de clase.
La lucha por nuestro reconocimiento nacional aparece marcada por otros hitos en el caso de Iparralde. El gobierno francés persiste en su actitud antidemocrática, rechazando de plano la reivindicación de una unidad territorial con un estatuto especial, que fue lo que reclamó la mayoría de los electos de la población. Sin embargo, en los próximos meses pueden producirse acontecimientos de importantes consecuencias para el futuro institucional. Un debate decisivo va a abrirse entre los electos municipales, que tendrán que decidir sobre el tipo de institucionalización entre las diversas propuestas realizadas por el gobierno. Afortunadamente, el debate no va a ser sólo una cuestión de las elites políticas. El trabajo de sensibilización y, sobre todo, la movilización que previsiblemente desarrollará la plataforma Batera influirán, a buen seguro, en las decisiones que tomarán al final del proceso.
El diagnóstico realizado en relación con el autogobierno y las políticas neoliberales de la CAPV sirve igualmente para explicar las políticas que se han seguido en Nafarroa. Aquí, sin embargo, constatamos un clamor social por el cambio político, ampliamente compartido por sectores abertzales y progresistas, que debería permitir alcanzar acuerdos en torno a unos mínimos. Esto es aún más necesario si se tiene en cuenta la enorme fortaleza del entramado sindical, patronal, político, mediático y hasta religioso que sostiene el llamado régimen foral.
ELA concluye que, en términos de proceso político, hay una correlación efectiva entre la apuesta neoliberal con el estado y la pérdida de pulso político en la defensa del autogobierno. Y, más allá de que esto sea algo recurrente en la historia reciente de nuestro país, deberíamos situar la siguiente reflexión como punto de partida importante en la lucha por nuestra soberanía: persistir en las políticas neoliberales imposibilita que una mayoría social conecte con el soberanismo y protagonice un proceso que ha de pasar, necesariamente, por la confrontación con el estado. A partir de ahí, lógicamente, confrontar con las políticas neoliberales que están implementando nuestros gobiernos constituye para ELA su primera, y más importante, responsabilidad nacional.
ELA lamenta que la competencia domine en todos los órdenes los códigos de relación entre las fuerzas que se reclaman abertzales. Este es hoy uno de nuestros mayores handicaps. Esa competencia nos sitúa ante un enorme riesgo de "dejar dormir" el conflicto político con el estado. Desde una perspectiva de oportunidad política, esta incapacidad para el acuerdo carece de sentido, habida cuenta de la crisis que atraviesa en este momento el pacto de estado sostenido por PP y PSOE. Esa competencia, de tinte sobre todo electoral, está condenando a una evidente esterilidad la amplia mayoría que acredita el abertzalismo en el ámbito de la CAPV, e incrementa las incertidumbres sobre las posibilidades de un cambio político efectivo en Nafarroa.
Esta lectura crítica sobre los códigos de relación que ELA exige a las fuerzas políticas abertzales debe ser trasladada al ámbito sindical, si pretendemos resultar creíbles. También en este ámbito la dinámica de competencia estricta acaba frustrando las posibilidades de acción conjunta. ELA considera que, si superamos los problemas objetivos que están identificados, los sindicatos abertzales podemos realizar una singular aportación al proceso de construcción nacional, en lo sindical, en lo social y en lo político.
En este escenario de oportunidad que naciones como Cataluña y Escocia están aprovechando, lo deseable sería que todas las fuerzas sociales y políticas que compartimos la aspiración por una Euskal Herria soberana compartiésemos un diagnóstico y una estrategia en lo que tiene que ver con el derecho a decidir y la normalización política. Y si esto no es posible, lo realista es que trabajar entre quienes podemos compartir un diagnóstico en relación con el proceso soberanista.
Estamos, además, convencidos y convencidas de la necesidad de la movilización popular para alcanzar mayores cotas de autogobierno. Creemos que para que esta movilización sea masiva y eficaz, el movimiento social por el derecho a decidir debe ser capaz de fortalecer su propia autonomía respecto de las disciplinas partidarias. Para que eso sea posible urge que la disciplina impuesta por las principales fuerzas abertzales no acabe condicionando todo lo que se va construyendo en la sociedad. No se trata, ni mucho menos, de discutir el papel que corresponde a los partidos en el proceso nacional, y mucho menos de cuestionar su plena legitimidad como representantes de la soberanía popular. Lo que defendemos es que se pueda ir articulando una sociedad crecientemente empoderada y movilizada para ir deshaciendo los bloqueos del presente. Estamos convencidos de que sólo con una sociedad movilizada podremos superar las enormes restricciones a las que se enfrenta hoy en día la actividad política convencional en el plano institucional.
La jornada del Aberri Eguna sigue siendo una fecha de reivindicación. ELA llama a su afiliación a participar activamente en cuantas actividades festivas y reivindicativas se convoquen para este día, tanto en el ámbito local como nacional.
Gora Euskal Herria askatuta!