ELA rechaza que se haga negocio con la renta básica en Nafarroa
ELA recuerda que la renta básica es una prestación para las personas que carecen de rentas de trabajo y con ingresos mínimos, situaciones que van en aumento como consecuencia de la crisis.
El sindicato extrae tres conclusiones del planteamiento que hacen UGT y CCOO:
1.- Pretenden implantar más condiciones obligatorias para la percepción de la renta básica, y dificultar así su percepción.
2.- Este planteamiento no mejora ni la cuantía, ni las condiciones, ni el número de sujetos perceptores de la misma, a pesar de la delicada situación actual.
3.- Lo que en realidad persiguen UGT y CCOO es pasar a gestionar una prestación social (competencia de la Administración), dentro su ámbito de “formación profesional”.
ELA considera que el debate de la Renta Básica debe orientarse hacia la mejora de la actual regulación, ya que la renta básica a día de hoy es claramente insuficiente.
Sigue sin reconocerse como Derecho Universal por un lado, y por otro, tampoco sirve para garantizar a las personas unos ingresos suficientes para poder llevar a cabo una vida digna, autónoma y de calidad.
De esta forma, ELA cree que el debate no es unir la Renta Básica a la Formación, puesto que esto conllevaría a condicionar la prestación, a la vez que supondría la propia desnaturalización de los objetivos de la Formación.
Por todo esto, este sindicato considera que la formación profesional es una cuestión lo suficientemente importante como para que sea gestionada, impartida y coordinada por organismos públicos, al igual que se hace con otros tramos del ciclo educativo. Muy al contrario de lo que se hace hasta ahora, donde más allá de su mejorable calidad y oferta formativa, esta formación responde al interés de UGT y CCOO de gestionar la cuantiosa financiación que se destina a la formación, además de favorecer su presencia en áreas del mundo del trabajo.
ELA apuesta por que se hagan políticas sociales eficaces, más en esta situación en la que las situaciones de necesidad aumentan, encaminando la fiscalidad a un reparto de la riqueza equitativo, e implantando un salario social por encima del umbral de la pobreza. Es cuestión de voluntad política: tanto el nivel de recaudación, como el nivel de gasto social, dependen en gran medida del Gobierno de Navarra.