ELA denuncia la desinformación y manipulación sobre las personas presas

En opinión de ELA, con estas y otras declaraciones, como las del ministro de Justicia, se está procediendo a una enorme desinformación y manipulación sobre la situación y la propia identidad de las personas presas.

Así, por ejemplo, se habla de presos de ETA para referirse a cantidad de presos que no lo son. Durante estos años se ha producido una ilegítima extensión de la aplicación de la normativa antiterrorista, que ha permitido procesar y condenar a muchas personas por su sola actividad política y por el ejercicio de sus derechos de opinión y manifestación. Esta parte significativa de presos merecería, en un sistema democrático, no solamente un trato más humano, sino además la excarcelación y la reparación de las tremendas injusticias de las que han sido objeto. Valga como ejemplo, en absoluto único, el caso de Rafa Díez, ex secretario general de LAB. 

Asimismo, se está cometiendo una grave manipulación en relación con las personas presas que han cometido otro tipo de delitos, estos sí tipificados en los códigos penales de las democracias homologadas. Esa manipulación pretende, entre otras cosas, mezclar lo legítimamente deseable por unas partes (gobiernos, víctimas...) con lo jurídicamente exigible. Así se plantea que los presos de ETA, si quieren acceder a determinados beneficios penitenciarios, deben pedir perdón, colaborar con las autoridades para el esclarecimiento de sus actividades criminales u otras de las que tengan conocimiento, incluso que se desvinculen no sólo de ETA, sino del "entorno" y de los "fines" del ámbito político en que se encuadran, como literalmente demanda el art. 72.6 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

Hay que recordar que ese artículo fue introducido por el gobierno Aznar meses después de la aprobarse la Ley de Partidos con el objetivo expreso de endurecer las penas y su forma de cumplimiento. Tenía lugar, por tanto, en el contexto de "militarización" jurídica y judicial en la llamada lucha antiterrorista que nuestro sindicato ha venido denunciando desde que PSOE y PP suscribieron el llamado “Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo” en diciembre de 2001. Acuerdo que, merece la pena recordar, fue suscrito asimismo por UGT y CCOO.

ELA cree que, efectivamente, hay que renunciar a la violencia. Se trata de un mínimo exigible. Lo que no cabe es imponer máximos éticos ni programas políticos de parte para evitar medidas acordes con la ley como el acercamiento, el tercer grado, la libertad condicional y cualesquiera otras medidas sirvan al propósito de la política penitenciaria, que nada tiene que ver con los castigos añadidos a las personas presas y a sus familias. Ligar trato legal y humano a una declaración de disolución de ETA no sólo carece de sentido, sino que es ajeno a derecho.

Resulta cínico y manipulador, asimismo, decir, como hace el ministro, que quienes reclaman modificaciones en política penitenciaria estamos pidiendo un trato de favor para los presos de ETA. A estos y a muchos más se les está aplicando, como decimos, una legislación de excepción, creada expresamente para ello, lo cual supone una afirmación de facto de aquello que precisamente el gobierno español se empeña en negar, a saber, el carácter político de todos esos presos. ELA cree que los desperfectos que se han cometido en el ámbito jurídico, judicial y penitenciario desde la ideología antiterrorista deben ser reparados, si lo que se quiere es, como se dice, que los presos y presas políticas vascos puedan ser tratados como cualesquiera personas presas.

Para ELA, toda esta política y todas estas declaraciones son contrarias al espíritu y la letra de la declaración de Aiete del pasado 17 de octubre que, en su segundo punto, insta a los gobiernos a tratar las consecuencias del conflicto en caso de que ETA anunciase el cese definitivo de la actividad armada. Pronto se cumplirán ya seis meses de aquel anuncio de ETA. El gobierno español, por su parte, y de manera irresponsable, parece haber decidido no gestionar esta nueva situación. Para ELA esto resulta inadmisible.

Es por todo ello que, en este contexto, resulte aún más incomprensible el acuerdo suscrito el pasado 21 de febrero entre PNV, CiU, PP y PSOE en el Congreso de los Diputados sobre la gestión del final de ETA. En él, entre otras cuestiones, se insta al gobierno español a velar por el cumplimiento estricto de unas leyes que, en gran medida, deben ser derogadas ya que, como decimos, están profundamente contaminadas por los excesos legislativos, jurídicos, políticos y judiciales que se cometieron al calor del llamado pacto antiterrorista.

Como contrapunto, ELA valora de manera positiva las declaraciones realizadas durante su visita al País Vasco por el presidente de la República francesa, Nicolas Sarkozy, señalando el acercamiento de los presos como algo deseable. Esperamos que esas declaraciones no queden en mera retórica.

ELA considera, finalmente, que la reflexión trasladada a la opinión pública por la izquierda abertzale en el documento “Viento de solución” el pasado 26 de febrero es expresión de un esfuerzo político y ético loable, además de contener elementos de sumo interés para un futuro proceso de soluciones y reconciliación de nuestro pueblo.