ELA se felicita por el compromiso del Gobierno de pagar del grado y el verano del personal docente, pero recuerda que las altas tasas de temporalidad precarizan las condiciones laborales en la Administración

01/10/2019
ELA venía reclamando el pago del grado y el abono del verano tanto en las mesas de negociación como en la vía jurídica. ELA recuerda que la Administración va a proceder al pago porque los Tribunales le han obligado a ello, y exige que se den pasos reales para la eliminación de la temporalidad.

En la Mesa General celebrada hoy, Función Pública ha anunciado que en el mes de noviembre se procederá al abono del grado al personal eventual de la administración con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2015, así como la extensión de los meses de verano al personal docente que haya prestado servicios durante 165 días o más. ELA venía reclamando el pago del grado y el abono del verano tanto en las mesas de negociación como en la vía jurídica.

 

El sindicato ELA considera una buena noticia que se proceda a eliminar alguna de las discriminaciones existentes en la Administración, pero recuerda al Gobierno Foral que la alta temporalidad existente (casi el 40% del personal lo es de manera eventual), no hace sino extender la discriminación existente y precarizar el empleo público. Por otro lado, ELA emplaza al Gobierno de Navarra a extender la carrera profesional a todos los niveles, tanto para personal fijo como contratado, eliminando criterios subjetivos y evitando el agravio entre colectivos.

 

La medida por parte de la Administración es fruto del mandato que los Tribunales han impuesto, tras la interposición de miles de reclamaciones judiciales para eliminar de una vez por todas las discriminaciones salariales existentes entre el personal contratado y el funcionariado. En este sentido, ELA exige al Gobierno de Navarra que acabe con la precarización del empleo público en la Administración Foral y tome medidas urgentes y reales que vayan más allá del cumplimiento de las sentencias, apostando por servicios públicos de calidad que pasan necesariamente, por unas condiciones laborales dignas para los trabajadores y trabajadoras de la Administración. Para ello es necesario un ejercicio real del autogobierno, y que deje de hacer seguidismo a las políticas de austeridad impuestas en Madrid, sometiéndose a la regla de gasto y el cumplimiento del déficit.