ELA exige responsabilidades políticas ante la multa por las vacaciones fiscales

Ante la decisión de la abogada general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de solicitar a dicho Tribunal que imponga una multa de 50 millones de euros a las haciendas de la CAPV por las vacaciones fiscales, ELA exige, que de una vez por todas, quienes tomaron esas decisiones asuman sus responsabilidades.

ELA anuncia, además, que de confirmarse esta sanción económica por el Tribunal (la más elevada de las que ha impuesto nunca el Tribunal de Luxemburgo) interpondrá una demanda penal contra los responsables de esta actuación. No nos encontramos, en opinión del sindicato, ante una negligencia irresponsable; es mucho más grave, nos encontramos ante un caso de dolo, ante actos decididos con ánimo de defraudar, protagonizados por responsables políticos.

Los hechos probados demuestran la connivencia entre la patronal Confebask y las haciendas forales, en la toma de esas decisiones, a la hora de retrasar el cumplimiento de los requerimientos y mentir sobre la recuperación de las ayudas, declaradas ilegales en 2006. Ese proceder no ha sido un hecho aislado; en todo lo relacionado con la fiscalidad, la falta de transparencia y participación social esconde un sistema que solo beneficia a las rentas empresariales y al capital.

Por todo ello, ELA exige a las instituciones de la CAPV que no destinen ni un euro de la recaudación ordinaria a sufragar esta multa. ELA ya defendió en su día que, de tener que hacer frente a una multa por estos hechos, debería financiarse exclusivamente mediante un recargo específico en el Impuesto sobre Sociedades. Son los responsables políticos de estas decisiones y la patronal quienes deberían asumir la responsabilidad de su política antisocial, no la clase trabajadora ni el gasto social.

Por último, ELA rechaza declaraciones como las del portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, que ha manifestado que la multa es “una cuestión menor”. Que el responsable de un Gobierno que se niega a destinar más de 20 millones a Ayudas de Emergencia Social, argumentando que no hay dinero, diga que pagar 50 millones es una “cuestión menor”, es, además de una irresponsabilidad, otra muestra de al servicio de quién se hacen las políticas públicas. Una posición, la del gobierno de Gasteiz, que pretende eludir cualquier responsabilidad política sobre lo sucedido.