ELA recuerda al Gobierno de Navarra que mantener los privilegios de CEN, UGT y CCOO es incompatible con el cambio

El sindicato ELA señala la continuidad del Servicio Navarro de Empleo (SNE) como ente tripartito gestionado por CEN, UGT y CCOO como el más importante déficit del Ejecutivo foral y recuerda que el cambio debe pasar inevitablemente por revisar un modelo perverso.

Pasados casi dos meses de la toma de posesión de la presidenta y los consejeros, no se han dado pasos para el desmantelamiento del SNE tal y como lo diseñó el Gobierno de UPN en los años 90: un modelo clientelar, excluyente y opaco.

Un modelo incompatible con el cambio

ELA ha denunciado reiteradamente la necesidad de revisar toda la política relacionada con el mal llamado diálogo social. Durante casi 20 años los sucesivos gobiernos de Navarra han destinado desorbitadas cantidades de dinero público a las organizaaciones UGT, CCOO y CEN a través de materias como la inmigración, la salud laboral y sobre todo la formación de los cursos para trabajadores.

ELA considera que son decisiones como la de revisar este modelo las que otorgan coherencia al cambio y esta es una tarea inaplazable que debería haber emprendido ya el nuevo Gobierno.

Sin embargo en los últimos meses hemos podido comprobar con preocupación los siguientes hechos:

a) Fondos del presupuesto general de Navarra para convenios con UGT, CCOO, CEN

Entre abril y julio de 2015, el Gobierno de Navarra ha entregado directamente cerca de 10 millones de euros para orientación, empleabilidad y cualificación (nuevos eufemismos para camuflar las subvenciones a la formación continua para UGT, CCOO y CEN) mediante convenios directos a estas organizaciones.

Hay que recordar que estos fondos se asignaron mediante el fraude legal de modificar el Presupuesto de Navarra el 12 de marzo de 2015 (votos a favor de UPN y PSN; abstenciones de I-E y PP). A pesar de que los servicios jurídicos del SNE alertaron de que este cambio era irregular, el Gobierno hizo oídos sordos y acabó firmando los convenios bilaterales con CEN, UGT y CCOO (en total, 9,5 millones de euros entre abril y julio).

La decisión política del nuevo Gobierno de acabar con estas prácticas no puede esperar más; EH Bildu y Geroa Bai votaron en contra cuando estaban en la oposición, por lo que ahora desde el Gobierno les toca (junto al resto de fuerzas que sustentan el Ejecutivo) desmontar un apaño tan antidemocrático.

b) Sobre los fondos del Estado

Por otro lado, el nuevo Gobierno ha convocado concursos públicos para adjudicar los fondos para formación continua que provienen del Estado (otros 2 millones de euros). Obligado por un decreto estatal, el SNE ha diseñado un baremo a la medida de CEN, UGT y CCOO para que estas subvenciones no escapen a otras entidades, como se comprobará cuando se resuelva el concurso.

Tampoco es válida la excusa del Gobierno (“era urgente hacer la convocatoria para no perder las ayudas estatales”), ya que ha habido tiempo para reestructurar el SNE y redactar un baremo transparente lejos del control de esas organizaciones.

Nombramiento consensuado

En concreto, la fórmula para designar a la nueva directora del SNE puede suponer un punto de no retorno: dicho cargo público del organigrama del Gobierno fue consensuado el pasado mes de agosto por el nuevo Gobierno, CEN, UGT y CCOO, algo que el Ejecutivo de UPN (o UPN y PSN) venía haciendo sin ningún empacho, pero que no puede permitirse quien quiera de verdad cambiar las cosas.

Sin entrar en la idoneidad de la persona designada, esta actuación indica que patronal, UGT y CCOO pueden seguir diseñando y controlando el SNE, incluida la formación continua y asignando recursos públicos millonarios, práctica denunciada repetidamente por la Cámara de Comptos.

No vale la excusa de que así lo marcan los estatutos del SNE, aprobados en 1998 por el Gobierno de Miguel Sanz mediante el DF 148/1998 (modificados por el DF 15/2012).

El Gobierno de Navarra tiene capacidad para disolver un organismo autónomo (como hizo el 12 de agosto con la Agencia Navarra de Emergencias), pero lo que falta en este caso es decisión y voluntad política, a sabiendas de que una reestructuración completa del SNE supondría abolir los privilegios de CEN, UGT y CCOO en favor de una gestión enteramente pública y transparente. ¿No tiene este Gobierno el valor suficiente para defender estos principios? ¿O puede más el temor a enemistarse con esas tres organizaciones? El nuevo Gobierno debe dar una respuesta política a estas cuestiones de manera urgente.

ELA exige un SNE de gestión pública, transparente y democratico

ELA ha venido planteando las siguientes líneas de trabajo en relación al SNE y en particular sobre la formación para el empleo:

a) Desarrollar una política propia de empleo, no aceptando que las decisiones sobre políticas formativas, de intermediación laboral, etc., estén supeditadas a las políticas del gobierno español.

b) Revisión completa de las políticas del Servicio Navarro de Empleo. Potenciación de los servicios públicos de empleo, abandonando el modelo de financiación a entidades privadas para la intermediación laboral.

c) Desarrollar un modelo de formación para el empleo que priorice el papel de los centros de formación profesional reglada, impidiendo que se asignen fondos a la impartición por los sindicatos y la patronal (o sus fundaciones o entidades).

ELA señaló en julio que en el acuerdo programático firmado por los cuatro partidos no existe un compromiso firme y claro por acabar con un modelo de subcontración y sobrefinanciación de UGT, CCOO y CEN. Por ello, mientras esto perdure, no tiene sentido situar el debate en la participación en estos órganos de quienes hemos mantenido posturas críticas.

TOTAL SUBVENCIONES DIRECTAS MEDIANTE CONVENIOS con cargo a los Presupuestos de Navarra de 2015:

9.568.278 euros

A esta cifra se suman dos partidas sacadas a concurso mediante baremación fijada por el SNE (resoluciones 81E/2015 de 29 de julio y 82E/2015 de 7 de agosto), dotadas con 427.200 euros y 1.596.297 euros, respectivamente. TOTAL a concurso (aún por resolver): 2.023.497 euros.