ELA lleva al juzgado el entramado de subvenciones del Servicio Navarro de Empleo a favor de UGT, CCOO y la CEN

ELA ha registrado ante el Juzgado Contencioso-Administrativo nº 1 de Navarra un recurso judicial solicitando la nulidad de uno de los convenios firmados en 2015 entre el Servicio Navarro de Empleo (SNE) y UGT, por su presunto carácter fraudulento en el uso de 1.642.033 euros. Se trata de la primera vez que la política de subvenciones del SNE va a juicio, y para ello ELA solicita que declaren ante el juez los responsables políticos y sindicales de esta práctica: la anterior consejera de Economía (Lourdes Goicoechea, de UPN), las dos anteriores directoras del SNE (Maribel García Malo, hoy parlamentaria de UPN; e Imelda Lorea), la actual responsable del SNE (Paz Fernández) y el secretario general de UGT en el momento de concederse la subvención (Javier Lecumberri). Como respaldo testifical, también acudirán al juicio instructores, inspectores y técnicos del SNE. La demanda ya ha sido admitida a trámite.

Con esta demanda ante el juzgado, ELA denuncia en realidad todo el entramado formativo del que forman parte UGT, CCOO y la patronal CEN, pero por economía jurídica ha formalizado un único recurso (el de mayor cuantía económica, concedido a la mayor organización sindical). Sin embargo, de sentenciarse la ilegalidad de dicho convenio, el Gobierno de Navarra debería ser coherente y anular todos los convenios por formación de 2015 (por valor de 5,5 millones de euros) y suprimir los de 2016 (ya presupuestados por una cifra parecida, pero todavía no ejecutados). Los cuatro partidos que sostienen al Gobierno foral deberían exigir desde ahora estas medidas.

En definitiva, este juicio va a demostrar que la financiación de UGT, CCOO y CEN durante al menos los últimos 20 años, además de clientelar, antidemocrática y derrochadora, es también ilegal a partir de la Ley estatal de 2015 que obliga a sacar a concurso abierto toda la formación para el empleo. Navarra es la única comunidad autónoma que se ha saltado esa obligación con una ley 'ad hoc' aprobada en el Parlamento foral (votos a favor de UPN y PSN; abstenciones de I-E y PP) para seguir asignando a dedo estas subvenciones. Para ELA, es muy grave que el Gobierno de Uxue Barkos haya asumido estas prácticas, las haya dotado de presupuesto y además las haya justificado como correctas en la respuesta a los recursos administrativos de este sindicato.

Ahora más que nunca, queda demostrado que el Servicio Navarro de Empleo (SNE) debe convertirse en una nueva estructura 100% pública que imparta directamente la formación. Tal y como ha concluido Mitxel Lakuntza (coordinador de ELA en Navarra), “estas redes clientelares a favor de UGT, CCOO y la CEN se combaten en la calle, y ahora también en los juzgados, y no desde dentro; haber entrado al SNE habría sido legitimar estas subvenciones fraudulentas, que de momento en 2016 siguen adelante”.