Seguirá basándose en la privatización, la precariedad y no cubrirá las necesidades existentes

Esta semana el Congreso español ha aprobado la propuesta de reforma de la ley de dependencia y discapacidad que tiene por objetivo cambiar el actual modelo de cuidados, reforzar la financiación estatal y simplificar el acceso a los derechos.

Estos son algunos de los cambios propuestos en la reforma de la nueva ley de dependencia:

• El Estado se compromete legalmente a financiar el 50% del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

• Reducir la burocracia: mayor facilidad para establecer grados de incapacidad.

• Equiparación entre dependencia y discapacidad.

• Priorizar los cuidados en el domicilio y no en residencias.

• Eliminar incompatibilidades, por ejemplo, poder compaginar centro de día con ayuda a domicilio.

• Ampliación del concepto de persona cuidadora; podrán ser también parejas de hecho, convivientes, personas del entorno cercano etc.

• Se pretende reducir el plazo de de resolver expedientes en menos de 3 meses para reducir las listas de espera.

• Etcétera.

Según la información actual, se pretende blindar la financiación por parte del Estado, siendo las competencias en materia de dependencia de las Comunidades Autónomas. En ese sentido, el pasado jueves, 9 de julio, Gobierno vasco y Gobierno de España llegaron a un acuerdo en la comisión mixta del concierto económico para que el Estado pase a financiar el 50% del gasto de la CAPV en dependencia, lo que supondría un aumento de la financiación de 250 millones de euros anuales. Más allá de la financiación, la reflexión debería ser qué sistema de cuidados queremos para Hego Euskal Herria.

ELA lleva años reivindicando un sistema de cuidados público, gratuito, universal, de calidad y corresponsable. Esta reivindicación fue lo que nos llevó a apoyar y activar junto con el Movimiento Feminista de Euskal Herria la huelga feminista general del 2023.

Esta nueva propuesta en torno a la ley de dependencia, si bien puede traer mejoras a personas que tienen necesidades asistenciales, no pone en cuestión el sistema actual, que está completamente privatizado (en manos de empresas privadas mediante la subcontratación) y precarizado, mayoritariamente sostenido por mujeres y personas migradas. Se sigue apostando por la familiarización y privatización de los cuidados en el domicilio y ello deriva en la contratación de mano de obra barata, que suele tener cara de mujer y migrada, en múltiples ocasiones incluso sin regularizar.

En Hego Euskal Herria trabajan alrededor de 35.000 empleadas de hogar. Esto demuestra que los servicios que se ofrecen desde las Instituciones no cubren las necesidades existentes. Además, estas últimas no cuentan con un convenio colectivo de referencia, lo cual hace que su situación sea abusiva. El servicio a domicilio, así mismo, es cada vez más caro y de más difícil acceso y el 90% de las residencias para personas mayores son privadas.

A pesar de que el Estado garantice una mayor financiación, la nueva reforma no garantiza que exista la financiación suficiente para las necesidades existentes, no garantiza una red pública de cuidados, se siguen mercantilizando los cuidados y no se establecen criterios para la mejora de las condiciones laborales de las trabajadoras.

Por tanto, una vez más, se pierde la oportunidad de crear aquí, en Hego Euskal Herria, un sistema propio de cuidados que garantice la publificación del sector, con la subrogación de las trabajadoras, y un sistema de calidad con condiciones laborales dignas para todas. ELA seguirá organizando a las trabajadoras para conseguir estos objetivos.