El Gobierno Vasco debe retirar sus amenazas y afrontar la precariedad laboral
ELA considerá gravísimas las declaraciones del Gobierno Vasco, a través del vicelehendakari Mikel Torres, en las que anuncia “consecuencias” contra ELA y LAB por no participar en un foro denominado Mesa de Diálogo Social que toma decisiones de forma antidemocrática (sus integrantes, CCOO y UGT, no llegan al 28% de la representación sindical). Esta actitud del Gobierno Vasco no es nueva; sus amenazas autoritarias se inscriben en una corriente que tiene fuerza en otros lugares de Europa y del resto del mundo, basada en la violación de las mayorías democráticas: en este caso, ELA y LAB suman más del 60% de la representación sindical en la CAPV, y el Gobierno Vasco amenaza con medidas para cambiar esa realidad. Del anuncio de una nueva Ley de Participación Institucional se desprende que premiará con financiación adicional la sumisión sindical de CCOO y UGT, y que castigará a los sindicatos que, entre otras cosas, impulsaron la huelga general del pasado 17 de marzo.
ELA exige al Gobierno Vasco que retire sus amenazas, que cese en su actitud autoritaria y que afronte su responsabilidad por la justicia social y el combate contra la precariedad, empezando por la propia Administración (que impone a su plantilla la mayor temporalidad de todo el Estado, un 35%), y por la implantación de un SMI que de verdad sea eficaz. ELA denuncia que el Gobierno Vasco pretende crear foros obligatorios para los sindicatos -un propósito, de por sí, antidemocrático-, mientras se alinea con Confebask al permitirle que no asuma su obligación legal de negociar. Cabe recordar, además, que el vicelehendakari Mikel Torres se ha negado reiteradamente a reunirse con ELA y LAB para debatir sobre el SMI.
Tal y como ELA ha denunciado en infinidad de ocasiones, con la Mesa de Diálogo Social el Gobierno y la patronal buscan fundamentalmente tres cuestiones: neutralizar la capacidad de presión de los sindicatos y reducir la contestación laboral y social; trasladar una imagen de consenso y paz social entre sindicatos, patronal y gobierno mientras se extienden la pobreza y la precariedad; y aumentar la financiación para las organizaciones (CCOO, UGT y Confebask) que apoyen al Gobierno de Pradales en esa labor.
ELA recuerda los peligrosos antecedentes de estos alineamientos del Gobierno Vasco con la patronal: en 2014, Confebask trasladó al Gobierno de Rajoy alegaciones que abrían la puerta a la ilegalización de ELA y LAB, bajo el pretexto de que ambos sindicatos se excedían por opinar sobre el TAV o la fiscalidad. Recientemente, además, el Consejo de Relaciones Laborales (CRL) ha anunciado que usurpará a ELA su representación en dicho órgano (3 sobre 8), para concedérsela a CCOO y UGT.
ELA concluye que el Gobierno Vasco recurre a estas amenazas y a estrechar su alianza con Confebask para responder a la huelga general del 17 de marzo, desviando así su responsabilidad en una cuestión fundamental, justa y democrática como el SMI propio.