Navarra vuelve a priorizar rebajas fiscales mientras renuncia a una reforma fiscal justa

El impacto estimado de estas decisiones asciende, al menos, a 37,2 millones de euros en menores ingresos públicos, a lo que se suman ayudas directas a sectores como el transporte o el agrario.

ELA denuncia que, una vez más, se opta por reducir la recaudación pública para favorecer al tejido empresarial, en lugar de reforzar los servicios públicos o garantizar una protección efectiva para la mayoría social. Se trata de medidas que ya se aplicaron en el año 2022 en el contexto de la guerra de Ucrania y que han demostrado tener un carácter regresivo y una eficacia limitada.

Además, estas políticas se enmarcan en una estrategia más amplia basada en rebajas fiscales generalizadas —especialmente en el ámbito energético— que no tienen en cuenta el nivel de renta y que, por tanto, benefician en mayor medida a quienes más consumen.

Resulta especialmente grave que, mientras se reducen los ingresos públicos, no se plantee aumentar la tributación sobre las grandes empresas ni sobre los beneficios extraordinarios, particularmente en sectores como el energético.

ELA reitera que Navarra necesita un cambio de rumbo en su política fiscal: incrementar la presión fiscal sobre el capital y las grandes empresas, reforzar los servicios públicos y avanzar hacia un modelo más justo que permita hacer frente a las desigualdades sociales.