ELA vuelve a exigir la liberación de los militantes políticos del "caso Bateragune"

Su detención el 13 de octubre de 2009 -por orden del juez Garzón- y su posterior condena por un tribunal de excepción como la Audiencia Nacional el pasado 16 de septiembre a penas de entre ocho y diez años de prisión en el denominado caso "caso Bateragune", obedecieron a la decisión política de negar y reprimir injustamente el derecho a la participación política de un amplio sector de la ciudadanía vasca.

Aquellas detenciones provocaron la respuesta inmediata de miles y miles de ciudadanos en las calles de Donostia, convocados para el 17 de octubre de 2009 por la mayoría sindical vasca con la intención primera de transmitir un sentimiento de solidaridad a los detenidos y a sus allegados. Un sentimiento, como dijimos entonces, "que se agudiza por la indefensión ligada al régimen de incomunicación y a la legislación antiterrorista" que padecieron tras su detención, "tantas veces denunciados por la mayoría de la sociedad vasca, así como por importantes estamentos y personalidades del ámbito internacional, incluido el propio relator para los derechos humanos de la ONU".

También su condena mereció la respuesta de la mayoría sindical que, en un comunicado conjunto, exigió la libertad de los condenados, ya que "el ejercicio de la actividad política que han venido desarrollando no puede, de ningún modo, ser motivo de condena y encarcelamiento en un sistema democrático". Efectivamente, esa actividad política de los condenados está ligada para el común sentir de la ciudadanía vasca a la opción irreversible del llamado MLNV por una estrategia política por vías exclusivamente civiles y democráticas, y a la posterior consecución definitiva del fin de la actividad armada de ETA. Y es esta razón por lo que resulta más incomprensible, si cabe, la permanencia en prisión de tantas personas por su sola militancia política.

El estado español debe poner fin definitivo a la utilización del poder judicial con fines políticos y restaurar con carácter universal el derecho de participación política. La sentencia de la Audiencia Nacional debe ser revocada. Y Arnaldo Otegi, Rafa Diez, Miren Zabaleta, Arkaitz Rodríguez y Sonia Jacinto tienen que ser puestos en libertad de manera inmediata e incondicional, y los daños que se les han infligido durante