Las diputaciones priorizan rebajas fiscales a las empresas mientras renuncian a una reforma fiscal justa

Entre las medidas presentadas por las Diputaciones destacan los aplazamientos de deudas tributarias sin intereses, la agilización de devoluciones fiscales, la flexibilización de pagos fraccionados y nuevas deducciones en el Impuesto de Sociedades.

ELA denuncia que estas políticas vuelven a situar en el centro los intereses empresariales mediante una reducción de la recaudación pública, en lugar de reforzar los servicios públicos o mejorar las condiciones de vida de la mayoría social. No es una estrategia nueva: este tipo de medidas ya se aplicaron en el año 2022 por la guerra de Ucrania, en una coyuntura en la que muchas empresas obtuvieron beneficios de récord y en donde clase trabajadora no obtuvo ningún efecto positivo.

Además, estas decisiones se producen en un contexto en el que, a pesar del fuerte crecimiento económico y de los ingresos públicos, el peso del Impuesto de Sociedades se ha reducido. Las haciendas forales recaudaron más de 20.300 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento superior al 10% respecto al año anterior. A pesar de ello, las instituciones optan por reducir su capacidad recaudatoria en más de medio millar de millones, reduciendo más si cabe la recaudación por parte de los beneficios de las empresas.

Resulta especialmente grave que, mientras se aprueban estos beneficios fiscales, no se plantee aumentar la tributación sobre las grandes empresas ni sobre los beneficios extraordinarios, especialmente en sectores como el energético, que siguen registrando elevados márgenes.

ELA reitera la necesidad de un cambio de rumbo en la política fiscal: aumentar la presión fiscal sobre el capital y las grandes empresas, reforzar el gasto público y avanzar hacia un modelo más justo que permita hacer frente a las desigualdades sociales.