Los trabajadores y trabajadoras de los ayuntamientos y las diputaciones se suman a las movilizaciones

17/01/2012
Los trabajadores y trabajadoras de los ayuntamientos y las diputaciones se suman a las movilizaciones
Los sindicatos ELA, LAB y STEE-EILAS han convocado asambleas y concentraciones en los centros de trabajo para las próximas semanas; así como manifestaciones en Gasteiz, Donostia y Bilbao para el 26 de enero, y un paro de cuatro horas para el 9 de febrero.

Tal y como ya hemos explicado en declaraciones anteriores, en las últimas décadas  los servicios públicos han sufrido un grave retroceso en Euskal Herria. No se han completado, consolidado ni desarrollado; al contrario, los diferentes gobiernos han optado por la vía de la reducción, los recortes y la privatización.

Desde que causaron la crisis, esta situación, lejos de mejorar, ha empeorado notablemente. Pese a que la situación de crisis exige lo contrario, porque hay cada vez más personas que necesitan los servicios públicos de manera urgente, en lugar de reforzar y desarrollarlos, en lugar de consolidar y ampliar el empleo público ante un desempleo que va creciendo, nuestros responsables políticos deciden reducir los servicios públicos; privar a muchísimas personas de servicios y ayuda; destruir empleo público, y deteriorar las condiciones de trabajo.

El Decreto aprobado por el Gobierno del estado español el pasado 30 de diciembre y el acuerdo del consejo de gobierno de  Lakua del 10 de enero,  confirman lo anteriormente señalado ya que suponen otro recorte y ataque a los servicios públicos y a las condiciones laborales de los/as trabajadores/as.

Proponen:

  • Congelación salarial: Mantener el recorte salarial y congelar los salarios de 2012. Que suponen una perdida del poder adquisitivo entre el 10 y el 13%.
  • Suspender las aportaciones a fondos de pensiones. Esto es un recorte salarial encubierto tremendo, ya que supone un recorte considerable en la masa salarial. Aún esta pendiente de decisión si tanto el Gobierno Vasco como las Diputaciones y los ayuntamientos mantendrán sus aportaciones a las EPSV Itzarri y Elkarkidetza. Es indispensable a nuestro entender, mantener las aportaciones. De no ser así esto supondría una perdida salarial del 3% y 7% respectivamente.   
  • Paralización de nuevas oposiciones. Imposibilidad de aprobar OPEs nuevas durante el año 2012 salvo en educación, sanidad, emergencias, donde la tasa de reposición máxima será del 10%.
  • No se incorporará personal temporal. No se pueden realizar OPEs ni tampoco contratar trabajadores/as temporales. Esto supondrá una importante pérdida de calidad en el servicio, ¿qué sucederá por ejemplo con las ya inadmisibles listas de espera de Osakidetza?
  • Ampliación de jornada laboral. La jornada laboral semanal se amplia de 35 horas a 37,5. La aplicación de esta medida está a expensas de lo que decidan en Jaurlaritza, y en cada Ayuntamiento o Diputación Foral.
  • No se aceptarán nuevos demandantes de ciertos servicios y prestaciones de la Ley de Dependencia a lo largo del 2012. Esto supone nada más y nada menos que pretenden dejar sin cobertura pública a personas ancianas o con algun tipo de dependencia.
  • Suspensión del contrato de relevo durante el año 2.012 y suspensión de las primas por jubilación voluntaria.
  • Suspensión de los permisos horarios por razón de edad que den derecho a modificaciones de jornada sin disminución de retribuciones.
  • La pérdida del derecho al complemento por incapacidad temporal por contingencias comunes:
  • Desde el primer día de baja al tercer día de baja se abonará el 50% de las retribuciones cuando se trate de la primera baja en el ejercicio, y el 40% en la segunda baja. En la tercera baja y siguientes 0%.
  • Desde el cuarto día de baja hasta el día veinte se abonará un complemento hasta alcanzar el 75% de las retribuciones.
  • Desde el día veintiuno hasta el día cuarenta y cuatro se abonará un complemento hasta alcanzar el 85% de las retribuciones.
  • A partir del día cuarenta y cinco de baja se abonará un complemento hasta alcanzar el 100% de las retribuciones.
  • Están exentas las bajas por maternidad/paternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo por lactancia, hospitalización, operaciones y accidente laboral o enfermedad profesional.

Los Sindicatos ELA, LAB y STEE-EILAS  exigimos al Gobierno de Madrid y al Gobierno Vasco que retire todas estas medidas y renuncien definitivamente a la política de recortes, dando pasos claros para consolidar y desarrollar los servicios públicos.

Asimismo, hacemos un llamamiento claro al Gobierno Vasco, a los ayuntamientos y a las diputaciones a que rechacen esta injerencia, que renuncien a la vía de la imposición, y que abandonen las injustas  e insensatas políticas de recortes de servicios y derechos laborales. Les exigimos que apliquen otras políticas,  dejen de  lado los recortes salariales y restituyan los derechos y las condiciones de trabajo, impulsando el empleo y los servicios públicos, ya que éstos son fundamentales para responder a las necesidades de la sociedad  y hacer frente a la crisis.

Para ello, en lugar de aprobar unos presupuestos restrictivos, es imprescindible ampliar la inversión en servicios públicos y, a este respecto, es imprescindible y justo que se produzca un cambio radical en la política fiscal de las Diputaciones forales.

Llamamos al Gobierno Vasco  a las diputaciones forales y a los ayuntamientos   a que defiendan el marco propio de negociación y no se sometan a las decisiones de Madrid.  Los trabajadores y trabajadoras y la sociedad de Euskal Herria son quienes deben decidir el tipo de función pública y servicios públicos que quieren tener.

Con el fin de denunciar todo esto y reclamar los cambios necesarios, llamamos a movilizarse a los trabajadores y trabajadoras de los ayuntamientos y diputaciones forales. Convocaremos en las próximas semanas asambleas y concentraciones en los centros de trabajo; el 26 de enero habrá manifestaciones en Gasteiz, Donostia y Bilbao, y el 9 de febrero, un paro de 4 horas y manifestaciones en los tres territorios de la CAPV.

Igualmente queremos advertir que este tipo de injerencias y recortes suponen un desmantelamiento progresivo de los servicios públicos y del sistema público de protección social, y que en ese sentido nos perjudican a todos y a todas, trabajadores y trabajadoras pero también a toda la sociedad en general, y en ese sentido hacemos un llamamiento a todas las personas y a los agentes sociales a sumarse a estas propuestas en defensa de los servicios públicos.