ELA llama a movilizarse por un cambio radical en las políticas de vivienda
La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas para la sociedad. Los acontecimientos de las últimas semanas y las amenazas que sufren decenas de familias en Erandio, Benta Berri en Donostia, Iruña o Gasteiz, así como como el desahucio de Maricarmen en Madrid son algunos ejemplos de la crisis habitacional que sufrimos. ELA reitera su solidaridad y apoyo a todas las personas que están luchando contra la amenaza de los desahucios.
A su vez, ELA quiere poner especialmente en valor la movilización social desarrollada durante los últimos días. La organización y la presión social han conseguido situar la vivienda en el centro de la agenda política y obligar al Gobierno español y a los partidos políticos a acelerar para adoptar medidas que han sido incapaces de acordar durante los últimos meses.
Sin embargo, el Gobierno español ha optado finalmente por dividir las medidas en dos reales decretos, con el objetivo de que el primero siga adelante en la votación de este viernes y con el conocimiento de que el segundo, donde se incorporan algunas de las reivindicaciones del Sindicato de Inquilinas como la prórroga automática de los alquileres y la duración indefinida de los contratos de alquiler, decaigan por la falta de apoyos.
Pero tampoco el primer decreto supone el cambio de modelo necesario: las principales medidas, como la prohibición de los desahucios de personas vulnerables o la prórroga de los contratos tienen fecha de caducidad en 2030 y 2028, respectivamente. Además, se vuelve a recurrir a incentivos, bonificaciones y ayudas dirigidas a propietarios o al sector inmobiliario. Se mantiene así una lógica que ELA viene cuestionando desde hace años: el uso de recursos públicos para incentivar a los agentes privados en lugar de desarrollar directamente un parque público suficiente de vivienda en alquiler. Además, no se prohíbe la compra de vivienda por parte de fondos buitre, a pesar de la propaganda del Gobierno español.
En ese sentido, varias de las medidas anunciadas, como las bonificaciones fiscales a propietarios, recargos por vivienda vacía o la regulación de zonas tensionadas, ya se vienen aplicando, con diferentes características, en Hego Euskal Herria y no han servido para hacer frente a la crisis de vivienda.
ELA recuerda que los diferentes territorios del Estado tienen competencia en materia de vivienda y pueden adoptar medidas para hacer frente a la crisis habitacional. Por ejemplo, si el propio Gobierno Vasco hubiera tomado la iniciática de declarar toda la CAPV como zona tensionada (y no dejarlo en manos de los ayuntamientos), tal y como ELA exigió, los desahucios que están previstos en Erandio para estos días se podrían haber evitado. Es injustificable que ante la crisis de acceso a la vivienda, provocada también por las nefastas políticas de nuestros gobiernos durante décadas, ni siquiera se lleve al límite las posibilidades competenciales actuales.
ELA considera necesario un cambio radical de las políticas desarrolladas hasta ahora por los gobiernos de Gasteiz e Iruña, así como por el Gobierno español.
El objetivo de la política pública no puede tener como prioridad la rentabilidad de propietarios, constructoras y fondos buitre. La prioridad debe ser garantizar el acceso a una vivienda digna.
Por ello, ELA reclama:
• Suspender los desahucios de forma indefinida cuando las personas afectadas no dispongan de una alternativa habitacional digna.
• Acabar con especulación de los fondos buitre y utilizar todos los mecanismos públicos disponibles para impedir la expulsión de las familias de sus viviendas.
• Movilizar las viviendas vacías para incorporarlas al parque de alquiler y endurecer las medidas sobre las viviendas deshabitadas, llegando a la expropiación cuando estén en manos de grandes propietarios y entidades financieras.
• Garantizar de manera efectiva el derecho subjetivo a la vivienda, de manera que las administraciones estén obligadas a proporcionar una vivienda a quien la necesite, poniendo fin a las prestaciones económicas como alternativa permanente a ese derecho.
• Aumentar de manera sustancial el parque público de alquiler, destinando todas las nuevas viviendas protegidas al alquiler y avanzando hacia un modelo público de construcción de vivienda.
• Medidas para que las viviendas que van a perder la calificación de vivienda protegida vuelvan a ser de propiedad pública de forma indefinida.
• Intervenir los precios del alquiler, extendiendo las zonas tensionadas y estableciendo índices de precios máximos que se establezcan aquí y que permitan reducir realmente los alquileres.
• Limitar y controlar los alquileres temporales y las viviendas de uso turístico, evitando que sean utilizados para eludir las regulaciones del alquiler residencial.
Por todo ello, ELA llama a su militancia y al conjunto de la sociedad a participar este viernes en las movilizaciones convocadas por los sindicatos de vivienda de Euskal Herria.