ELA traslada al nuevo Gobierno de Navarra su propuesta para los servicios públicos

El sindicato ELA saluda la convocatoria de esta reunión y da la bienvenida tanto a la nueva presidenta, Uxue Barkos, como a la consejera María José Beaumont y al resto de representantes de Función Pública, en el convencimiento de que las nuevas responsabilidades de Gobierno deben traducirse en un cambio radical de las políticas y en una defensa de los servicios públicos y de sus trabajadores/as, algo urgente y sobre todo, irrenunciable y fundamental para que de verdad Navarra experimente un cambio social profundo y duradero.

En primer lugar, los servicios públicos bajo responsabilidad de las Administraciones Públicas de Navarra deben entenderse en sentido amplio, y no solo incluir los prestados por trabajadores públicos sino también amplísimos sectores privatizados y entregados a una lógica mercantilista incompatible con el sentido público de igualdad de derechos ciudadanos (sector sociosanitario, transporte público, numerosos ámbitos educativos, subcontratas de servicios, etcétera). ELA apuesta por avanzar en ese camino de internalizar y asumir desde las Administraciones Públicas todos esos sectores, para lo que aportaremos fórmulas y negociación de plazos y condiciones.

En cuanto a la Función Pública, ELA espera que se implante una verdadera negociación colectiva que fije las condiciones laborales y salariales de las trabajadoras y trabajadores públicos de modo bilateral, sin imposiciones ni recortes unilaterales. Para ello, Navarra cuenta con competencias más que suficientes y existen los mecanismos legales para asegurar que los acuerdos tomados sean de eficacia general y se respeten por parte de todas las Administraciones. Es imprescindible, sin embargo, un compromiso firme e inequívoco del Gobierno foral en defensa de estos principios, sobre todo para confrontar con la Administración central cuando sea necesario, algo que no ha ocurrido en estos últimos años.

En parte por ello, y en parte por compartir políticamente los recortes en perjuicio de los servicios públicos, los trabajadores/as de las Administraciones navarras han sufrido una pérdida de poder adquisitivo que supera el 15%, además del hurto de la 14ª paga del 2012, de la que todavía se les adeuda un 76%. Además, se ha reducido y precarizado enormemente la plantilla de todos los departamentos, alcanzando un porcentaje de eventualidad mayor incluso que en el sector privado, lo que no solo va contra la dignidad del empleo sino contra la calidad de los servicios públicos. Ello es consecuencia de haber aceptado de buen grado la limitación de Ofertas Públicas de Empleo y las sucesivas tasas de reposición.

Al margen del resto de reivindicaciones y mejoras de los servicios públicos que se irán detallando, el sindicato ELA considera irrenunciables algunas medidas que el nuevo Gobierno foral y el resto de administraciones navarras deberían tomar de inmediato:

1. Devolución del 76% de la 14ª paga de 2012, máxime cuando los partidos que sustentan el Gobierno aprobaron una ley para ello y la han abonado en las entidades donde han gobernado.

2. Apertura de una negociación para el calendario laboral (recuperación de festivos) y el incremento salarial, que vaya absorbiendo los recortes impuestos desde 2010, para lo que las medidas estatales (el anunciado 1% de subida para 2016) no sirven ni como referencia de base.

3. Reordenación y replanteamiento de toda la Función Pública siempre en base a igualdad, mérito y capacidad, suprimiendo cualquier indicio de clientelismo y el abono de complementos o nombramiento de jefaturas como recompensa a adhesiones personales y políticas.

4. Plan de consolidación de empleo público mediante la convocatoria de OPE hasta reducir la tasa de precariedad al porcentaje mínimo obligado por bajas, vacaciones y otros imprevistos. Las OPE deben ser un instrumento del Gobierno para proveer a los servicios públicos del personal necesario, y no una herramienta para enfrentar a trabajadores/as de distintos ámbitos y estamentos en el reparto de unas pocas plazas, como ha ocurrido en Educación, Osasunbidea, ANE y Núcleo, cuyas convocatorias en marcha deberían ampliarse de forma inmediata.

5. Reconociendo que hay medidas que necesitan plazos medios o amplios, hay otras iniciativas que por coherencia con lo defendido desde la oposición deberían implantarse a la mayor brevedad. Algunos ejemplos en los ámbitos principales:

   a) Educación: paralización del PAI y la LOMCE, así como la recuperación de los ratios y las horas lectivas anteriores a 2010. Garantizar el derecho real a la elección de centro (no el privilegio de algunos centros a seleccionar su alumnado), y el de elección de modelo lingüístico (atender toda la demanda de modelos con euskara en todo el territorio).

   b) Osasunbidea: reversión de todos los servicios privatizados (cocinas hospitalarias, por ejemplo), apuesta decidida por la salud pública y revisión (en algunos casos supresión) de los conciertos para derivaciones a la sanidad privada, reinvirtiendo esos fondos en la red pública.

  c) Núcleo: reversión de las bibliotecas privatizadas y dotación de personal para evitar el cierre frecuente de muchas de ellas. Fin a la discriminación estructural del Personal No Docente de Educación. Revisión de los recortes impuestos al personal del montepío. Refuerzo de la inspección en Hacienda y desmantelamiento de la estructura tripartita (CEN, UGT y CCOO) del Servicio Navarro de Empleo para que dependa enteramente de Función Pública (fiscalizar y limitar la subcontratación de la formación continua).

  d) Policía Foral: abrir un debate sobre el modelo policial, que incluya la asunción de competencias plenas en este ámbito, desarrollo negociado de la Ley de Policía aprobada recientemente y supresión de interinidades y puestos de libre designación injustificados y clientelares.

 e) Justicia:  Asunción plena de la transferencia desarrollando la disposición adicional 8ª de la LOPJ, sin pérdida de los derechos laborales y de movilidad que fija el marco actual; pago inmediato de los salarios en situación de IT (baja).

Y en definitiva, negociación efectiva en todos los ámbitos de la Administración foral no citados (ANE, ANAP, INDJ, ISPLN, etcétera).