Declaración del Aberri Eguna 2014

"Euskal Herria es una nación, tiene derecho a decidir y es la hora de la ciudadanía": este triple leit–motiv, elegido por Gure Esku Dago, resuena de manera especial a escasos dos meses de una movilización masiva que, en forma de cadena humana, unirá las localidades de Durango e Iruña. Por ello, con ese próximo horizonte, en esta festividad del Aberri Eguna, renovamos nuestra ilusión por una Euskal Herria libre entre las naciones del mundo.

Como organización sindical –siete años después del inicio de la crisis denunciamos que asistimos a una involución social y democrática impensable hace una década. Los poderes económicos y financieros han asestado un golpe durísimo a todas las instituciones que, en democracia, deberían haber resistido a esta destrucción sistemática de derechos. Gobiernos, partidos… han ido sucumbiendo a los dictados del poder económico y financiero para que éste pueda asegurar la aplicación a rajatabla de las políticas de ajuste estructural que acaban con los derechos sociales y laborales, con los sistemas de protección social y los servicios públicos y favorecen así una nueva fase de acumulación de capital. De esta manera, el mundo del trabajo, nuestra referencia y quehacer más próximos, y la suerte de las clases populares en general, está siendo especialmente castigada: el paro, la precariedad, los bajos salarios, el incremento de la pobreza y las crecientes desigualdades no son sino las consecuencias lógicas de estas políticas, bien conocidas, ya que han sido aplicadas durante décadas en otros lugares del mundo por mandato de las mismas instituciones (FMI, ahora con la Troika) que resucitan en una Europa cada vez más vieja, injusta y totalitaria.

Consciente, el gobierno del PP, de que esta involución puede provocar un estallido social, asistimos en el estado a una nueva fase de criminalización de las protestas, que tiene una de sus expresiones en el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana. Han decidido optar por la represión. Se legisla para dificultar o impedir las expresiones de protesta; para tratar la protesta como si de un problema de orden público se tratase y para ahogar financieramente a las organizaciones promotoras de la acción colectiva.

Esta gestión injusta y clasista de la crisis difícilmente podría llevarse a término sin la colaboración de nuestras propias élites políticas y empresariales. Fijándonos en la coyuntura reciente, y como muestra de esa colaboración, hay que señalar el acuerdo sobre el Concierto Económico suscrito con el Gobierno Español por el Gobierno Vasco y las Diputaciones forales gobernadas por PNV, PP y Bildu (acuerdo que recoge el apoyo a la disciplina presupuestaria), los acuerdos en política fiscal, o la bancarización de las cajas y la pretendida privatización de Kutxabank. Las élites internas vacían de esta manera a nuestro país de los instrumentos políticos, económicos y financieros que necesita. No se consulta con las organizaciones sindicales y sociales sobre las decisiones más determinantes de la política. Este es un hecho transversal a todas las fuerzas políticas y a todas las instituciones, al tiempo se muestran igualmente intolerantes con todas las críticas.

Esas cuestiones, lejos de ser inevitables o impuestas, son decisiones que las élites locales toman contra los intereses de las clases populares; decisiones que se explican porque se comparten intereses de clase. Y en relación con ellas, debemos denunciar la manera en que los medios de comunicación públicos de nuestro país –al servicio del gobierno de turno– ocultan las alternativas, impiden la expresión de la pluralidad social y –con grandes dosis de manipulación– estigmatizan la crítica y la disidencia, propiciando la ignorancia de la sociedad sobre las cuestiones que le afectan.

Por todo ello, en este contexto tan desfavorable para las clases populares, cobra especial relevancia el esfuerzo militante de todas aquellas personas que han hecho suya una posición política y social clara: no dar cobertura al atraco que se está perpetrando en forma de socavamiento de todos los mecanismos de distribución de la riqueza (salarios), de redistribución (fiscalidad, servicios y prestaciones), así como de los bienes comunes (procesos privatizadores). Entre todos ellos, ELA quiere destacar el compromiso de su propia militancia en esta fase de resistencia.

Las alianzas políticas que aplican la agenda neoliberal en nuestro país definen también –más allá del rifirrafe mediático– el debate del autogobierno. En concreto, la puesta en marcha de una Comisión Parlamentaria para la revisión del estatus político de la CAPV nace, en nuestra opinión, mutilada, toda vez que la principal fuerza política ha decidido, antes de comenzar el debate, que el futuro estatus sea fruto de un consenso con al menos una de las dos primeras fuerzas españolas. A esto hay que unir la nefasta pedagogía que una parte del nacionalismo vasco realiza asumiendo el argumentario "constitucionalista" que afirma que es la reclamación del derecho de autodeterminación lo que divide a los vascos y vascas, cuando es la imposibilidad de acometer su ejercicio, precisamente, lo que provoca que no todos los proyectos políticos puedan competir en igualdad de condiciones.

En más de una ocasión hemos señalado que la crisis económica se está utilizando como excusa para limar el autogobierno. Así se está haciendo en asuntos clave de política económica, como han sido las leyes de base para aplicar recortes o la disciplina presupuestaria. Pero el autogobierno se está viendo comprometido no sólo en cuestiones económicas: la LOMCE, por ejemplo, constituye un ataque frontal a nuestros derechos lingüísticos y culturales, para lo cual el gobierno español se arroga –aún más– el poder para decidir unilateralmente sobre materias troncales, contenidos y criterios de evaluación. En relación con estas cuestiones, consideramos un error volver a la judicialización de las conflictos de competencias –ante el Tribunal Constitucional–, vía que ya en los años 90 descartó el propio Gobierno vasco por considerar –correctamente– que el TC era un tribunal político de parte.

El pacto previo con el nacionalismo español –ante un estado que hace bandera de la no bilateralidad– es una muestra desistimiento político: se ha decidido no confrontar con el estado. Por eso se aborda este debate como si el que tuvo lugar hace nueve años –en torno al llamado Plan Ibarretxe– no hubiese existido. No es un problema de memoria, sino de posición política. Por su parte, el Tribunal Constitucional, para que no quepa ninguna duda, ha vuelto a "poner las cosas en su sitio" señalando que la afirmación de que "el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano" debe considerarse nula. En este contexto, y con tales posiciones, entendemos que esa Comisión no tiene recorrido en términos de reconocimiento del derecho de autodeterminación, de soberanía y tampoco de bilateralidad. La posición antidemocrática española –sostenida en forma de pacto de estado por el PP y el PSOE– nos obliga a pensar, creemos, también en lo que se refiere al autogobierno, en términos de unilateralidad.

El debate del autogobierno –o mejor, la obstinada negativa a que pueda realizarse– constituye también el núcleo del problema político en Navarra. Al hilo de los episodios de corrupción y tráfico de influencias, en los que también se constata la estrecha relación entre el poder económico y el gobierno, el PSN –con su negativa a promover una moción de censura– se ha vuelto a retratar como uno de los puntales de la Navarra "amejorada y separada". Como en el 2007, la referencia a "Ferraz" se usa como excusa para que el PSN legitime el llamado "régimen foral". Un régimen sostenido por UPN, PSN, PP, CEOE, UGT, CCOO, la CEN, el Opus… organizaciones e instituciones a las que une la marca España, la política etnocida contra lo vasco y la posición –secular– de no respetar la decisión de la ciudadanía navarra democráticamente expresada. En términos de clase, quienes sostienen el régimen, comparten –o al menos dan cobertura– a la política neoliberal; y en términos de convivencia, impulsan una política de asimilación forzosa contra todo lo vasco.

La lucha por el reconocimiento institucional de Euskal Herria constituye un vector clave para comprender lo que ha sucedido en el reciente proceso electoral desarrollado en Iparralde. El abertzalismo ha conseguido algo más importante que incrementar su cuota electoral, como es el hecho de que el jacobinismo, expresado en la negativa al reconocimiento institucional de Iparralde, haya recibido un severo castigo. A ello ha contribuido la gestión táctica y estratégica de las alianzas realizada por los abertzales, lo que les ha otorgado una relación de fuerzas muy superior a lo que la estricta aritmética electoral señala. Estos hechos reflejan la maduración progresiva de una estrategia ganadora como es la de Batera.

Por otro lado, siguen bloqueados los capítulos que tienen que ver con la normalización política. Por enésima vez, ELA exige la derogación del Pacto Antiterrorista suscrito por el PP y PSOE. Esa referencia, auténtica Patriot Act españolista, sigue dando cobertura a todo tipo de abusos policiales, a procesos judiciales de carácter netamente político, a la persecución de organizaciones sociales (como es el caso de Herrira), a una política penitenciaria inhumana, o a la negativa del estado a abordar responsablemente el proceso de desarme, cuestión que deja perpleja a buena parte de la comunidad internacional. El PP –junto a sus adláteres mediáticos, judiciales…– es un obstáculo objetivo para la normalización política. Por ello, los pasos unilaterales que se deben dar hay que ponerlos al servicio de Euskal Herria.

Durante años, no somos pocos los que hemos creído que el tiempo político que seguiría al fin de la lucha armada, habría de ser un tiempo propicio para un acuerdo interclasista en clave de soberanía. Lamentablemente, esto no está siendo así. La lucha por el relato sobre el pasado y por la hegemonía electoral en el seno del nacionalismo hace que primen las dinámicas no convergentes frente a las colaborativas. Los abertzales tenemos pendiente superar nuestro mayor hándicap: la incapacidad de sumar respecto de objetivos mínimos compartidos, más allá de la legítima disputa de espacios electorales. Por ello, y habida cuenta de las limitaciones de la política institucional para dar determinados pasos, ELA considera que ésta fase puede y debe ser una etapa fructífera para articular una potente movilización social que trabaje para ese objetivo.

En este sentido, en el de la movilización, el proceso catalán se constituye en una referencia singular. Salvando las diferencias entre ambas naciones, lo cierto es que en Cataluña han sido capaces de articular una movilización social sobresaliente, cuyo punto álgido fue la celebración de la Díada del pasado 11 de septiembre. Esta dinámica –que se ha ido construyendo poco a poco durante años– está dando frutos evidentes, hasta el punto de dificultar la posición política de algunas élites muy identificadas con el statu quo en relación con la consulta convocada para el 9 de noviembre. Por otro lado, creemos que, como en el caso de Escocia –que celebrará su referéndum el próximo 18 de septiembre– la capacidad que las fuerzas soberanistas muestren para conectar con los intereses y aspiraciones de las clases populares va a ser un elemento clave para lograr las más amplias adhesiones sociales a la reclamación de la plena soberanía. Dicho de otra manera, la política neoliberal es un lastre para una suma social que aspire a ser mayoritaria.

España carece de la madurez política y democrática de, por ejemplo, Gran Bretaña en el reconocimiento de su realidad plurinacional. Por otra parte, los parlamentos no son suficientes para provocar cambios políticos y procesos sociales de calado, como se demostró en la pasada década con el Estatut Catalán y con la propuesta de Nuevo Estatuto Político de la CAPV. Por ello, defendemos que éste debe ser el tiempo de la sociedad, el tiempo de la ciudadanía. En este sentido, la iniciativa puesta en marcha bajo el epígrafe Gure Esku Dago constituye una referencia ilusionante y necesaria, para comenzar a dar pasos más definidos en pos de la soberanía. Si acertamos en este tipo de dinámicas, podemos convertir el rancio discurso de la España uniforme –cada vez más hostil– en una oportunidad para incrementar nuestra conciencia política y posibilitar nuevas estrategias de acumulación de fuerzas, ganando la adhesión creciente de las masas populares al proceso nacional.

ELA anima a su afiliación a participar en los actos públicos y plurales que se celebrarán en nuestro país con ocasión de la festividad del Aberri Eguna y hace un llamamiento al compromiso con la iniciativa Gure Esku Dago, promoviendo y participando, con sus familias, amistades y compañeros y compañeras de trabajo en la cadena humana que se celebrará el próximo 8 de junio. "Somos una nación, tenemos derecho a decidir y es la hora de la ciudadanía". Gora Euskal Herria Askatuta!