El parlamento de Navarra no puede seguir desoyendo las denuncias de torturas

16/03/2011
ELA exige que Nafarroa- competente en materia de policía-aplique los protocolos anti-tortura de la ONU y Amnistía internacional.

ELA rechaza la decisión de la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra de no admitir a trámite la propuesta de crear una comisión de investigación sobre denuncias de tortura en la Comunidad Foral, presentada a propuesta del grupo Iniciativa contra la tortura.

ELA entiende que la institución foral no puede, por un lado, seguir desoyendo las gravísimas denuncias de tortura realizadas por tantos ciudadanos navarros en los últimos meses. Por otra parte, y en la medida en que la Comunidad Foral cuenta con una competencia en materia de policía, la aplicación de los protocolos propuestos por instancias internacionales –como la ONU o Amnistía Internacional– para la prevención de la tortura constituyen una materia de obligada referencia para el legislativo navarro.

ELA considera graves igualmente las declaraciones y justificaciones que se vierten para justificar esta inacción.

Para ELA es hora de que las autoridades políticas reconozcan la existencia de la tortura, como demuestran las –con todo escasas– resoluciones judiciales que condenan a torturadores.

Deben tomarse medidas para acabar con este instrumento de degradación humana y opresión política, desmantelando todo el sistema legal e institucional que lo ampara, desde la ley antiterrorista y la incomunicación hasta los tribunales de excepción como la Audiencia Nacional, posibilitando que los detenidos comparezcan ante el juez natural.
Para ELA los casos de tortura que salen a la luz no son realidades aisladas, sino que forman parte del propio sistema que posibilita, primero, estas prácticas a través de la incomunicación y, luego, se niega a investigar y esclarecer los casos de tortura. Debe por ello acabarse con la impunidad, investigando las denuncias y juzgándolas

La sociedad, y más en concreto las instituciones, deben, finalmente, reconocer a las personas que han sido torturadas, y garantizar una adecuada asistencia a quienes padecen secuelas por los malos tratos recibidos.