No hace falta hablar de recortes, si pueden hacer lo mismo “adaptando” la ejecución del gasto

15/10/2015
El Gobierno Vasco ha decidido corregir las declaraciones de Josu Erkoreka del día anterior en las que afirmaba que “eran inevitables nuevos recortes”. Al Gobierno le conviene abusar de los eufemismos; se corrigen las declaraciones de Erkoreka pero en modo alguno los recortes que se habían anunciado. Tras la reunión ayer del Consejo Vasco se Finanzas se habla ahora de “adaptación en la ejecución del gasto”.

Es exactamente lo mismo; se recurre a la manipulación del lenguaje para llevar adelante nuevos recortes por un valor aproximado de 150 millones de €.

Esta “adaptación en la ejecución del gasto” la viene haciendo el Gobierno de manera arbitraria en todos los Departamentos. ELA subraya, a modo de ejemplo, uno de los procedimientos más utilizados para recortar gasto. Se trata de la adjudicación de obras y servicios muy por debajo de lo presupuestado, con el consiguiente efecto en pérdida de empleos y condiciones de trabajo. El Gobierno adjudica obras y servicios a empresarios piratas que concurren con ofertas de hasta un 50 o 60% por debajo del valor de licitación. Las obras públicas licitadas por el Gobierno son hoy una ley de la selva, en cuanto a las condiciones de trabajo, sin que al ejecutivo le importe lo más mínimo. Estos procedimientos de recorte silenciosos no concitan la atención mediática, pero son igual de demoledores en sus efectos antisociales.

NEGATIVA A CAMBIAR LA POLÍTICA FISCAL

La continuidad de esta política de recortes es consecuencia de una política fiscal cada vez más injusta que renuncia a establecer en la CAPV, por ejemplo, una presión fiscal similar a la de la media europea. Son más de siete puntos de diferencia los que existen; casi 5.000 millones de ingresos fiscales a los que se renuncia. Y la pregunta que debemos hacernos es: ¿Quiénes se benefician? Es muy sencillo, quienes tienen rentas altas, de capital y empresariales. No es ajeno a este beneficio el apoyo explícito que Confebask da a la interpretación favorable a sus intereses que las haciendas vascas hacen del margen normativo que permite el Concierto Económico.

LA CAÍDA SALARIAL ARRASTRA, TAMBIÉN, UNA CAÍDA EN LOS INGRESOS Y UN EMPOBRECIMIENTO GENERAL.

Las Haciendas han decidido que los impuestos recaigan, esencialmente, sobre los salarios desfiscalizando las rentas altas, empresariales y de capital. Esta decisión, ya de por sí injusta, se convierte en irracional, desde un punto de vista social, cuando a esa política se añade el objetivo de Gobiernos y Patronal es bajar salarios. Bajar salarios y establecer condiciones miserables en las nuevas contrataciones tiene también un efecto en la capacidad contributiva de los mismos (tanto en impuestos como en cotizaciones a la Seguridad Social).

ELA quiere recordar que todo recorte público tiene un reflejo negativo sobre el empleo, y que favorece un aumento de la pobreza y de las desigualdades sociales. El tan reiterado crecimiento económico ni repercute en la mejora de las condiciones de trabajo, ni tiene reflejo en los ingresos públicos que permitan desarrollar políticas sociales y de solidaridad. Continuar con esta política fiscal supone insistir en el fracaso que suponen las políticas neoliberales; unas políticas obsesionadas en el cumplimiento del déficit y en la prioridad del pago de la deuda.

SIN TRANSPARENCIA FISCAL Y SIN DEBATE SOCIAL.

ELA lamenta que un debate tan trascendental como el de la fiscalidad se pretenda evitar abusando de las mentiras. Las empresas vascas y las rentas de capital pagan menos impuestos en la CAPV que en España. Las normativas vascas contienen innumerables bonificaciones, exenciones y subvenciones que dejan los ya de por sí reducidos tipos nominales en unos pagos fiscales ridículos para las empresas, sobre todo para las más grandes. A todo esto se debe añadir la nula voluntad para convertir en prioridad política la lucha contra el fraude fiscal.

La negativa radical a que el debate sobre fiscalidad se produzca se corresponde con la nula participación social existente a la hora de aprobar las normas fiscales. La Comunidad Autónoma Vasca es el único lugar de Europa donde no existe un trámite de participación y consulta para que, por ejemplo los sindicatos, podamos participar. Los temas fiscales se deciden entre un reducido número de personas muy ligadas a intereses empresariales.

ELA insiste en la urgente necesidad de cambiar radicalmente la política fiscal. Solo la movilización social será capaz de forzar este cambio.