La Justicia anula la multa a un trabajador de Acciona por protestar en el Pleno de Bilbao
La Justicia ha dado la razón a ELA y ha anulado la sanción administrativa impuesta a uno de los trabajadores que participó en la protesta celebrada durante el Pleno municipal de Bilbao de septiembre de 2025, en el marco del conflicto laboral que mantenía la plantilla de Acciona, empresa adjudicataria del servicio de limpieza y conservación de la red de alcantarillado.
La plantilla denunciaba llevar trece años con los salarios congelados. Ante la falta de respuesta y la imposibilidad de trasladar sus reivindicaciones al alcalde por otras vías, varios trabajadores decidieron hacer visible el conflicto durante el Pleno municipal. Uno de ellos se levantó mostrando un folio tamaño A3 con el mensaje: “Servicio Saneamiento: 13 años sin subidas de salario ni un IPC”. Tras la protesta, las personas trabajadoras fueron expulsadas del salón de plenos por parte del Alcalde y este empleado fue sancionado con una multa de 601 euros por parte de la administración.
La sentencia, ya firme, reconoce expresamente que los hechos sancionados se produjeron en un contexto de conflictividad laboral y reivindicación social, y subraya que en este tipo de escenarios la libertad de expresión goza de una protección reforzada. El fallo recuerda que las administraciones públicas no pueden recurrir de manera automática a la sanción administrativa para acallar protestas incómodas, reservando esa potestad para conductas de verdadera gravedad.
Tras recurrir la sanción, el juzgado ha estimado sus argumentos y ha dejado sin efecto la multa, en una resolución que ELA considera una importante victoria para el conjunto de la clase trabajadora y para la defensa de los derechos fundamentales.
ELA valora muy positivamente el fallo y sostiene que supone un serio correctivo frente a la utilización del poder sancionador por parte de las administraciones para intimidar o criminalizar la acción sindical. En este sentido, denuncia que herramientas como la denominada Ley Mordaza han sido utilizadas en numerosas ocasiones para desmovilizar y limitar el derecho a la protesta, un derecho fundamental que debe ser protegido y garantizado.