Es imprescindible equiparar la exigencia del euskera a la del castellano
PNV y EH-Bildu están negociando la modificación de la Ley de Empleo Público. Hay dos opciones: mantener el actual marco legal marco que vulnera sistemáticamente los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes o conseguir una nueva ley que respete los derechos lingüísticos de toda la ciudadanía y las personas trabajadoras de las administraciones.
Si se aprobaran las bases de la proposición de ley del PNV, en adelante el castellano seguirá siendo el único idioma de exigencia generalizada en las administraciones. Por lo tanto, el euskera solo será excepcionalmente lengua de trabajo y las personas que quieran recibir el servicio en euskera tendrán que superar multiples obstáculos para que su elección sea respetada. Es decir, sobre la base de la propuesta del PNV, una vez más se daría legalmente por buena la vulneración de los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes.
Es más, si no se generaliza la exigencia del euskera, no es necesario un cambio de ley para hacer frente a las actuales sentencias euskarafobas. De hecho, el decreto de 1989 permitía a las administraciones generalizar con autonomía la exigencia del euskera y estuvo en vigor hasta 1997 sin ningún problema jurídico. Bastaría con que el Gobierno Vasco redactara como entonces el decreto actualmente en vigor.
En opinión de ELA no se puede renunciar a equiparar los derechos lingüísticos de los vascos y las vascas y por ello reclama a los partidos políticos que esa sea la condición necesaria para modificar la Ley de Empleo Público. Asimismo, el sindicato reclama que en la Ley de Empleo Público se contemplen recursos y plazos para euskaldunizar a los empleados públicos que no saben euskera. Porque los derechos lingüísticos y los derechos laborales no son contradictorios, es más, poder trabajar en euskera también es un derecho laboral.
Los partidos políticos, sindicatos y jueces euskarafobos han querido poner coto a la euskaldunización de las administraciones. Las jubilaciones en las administraciones en los próximos años son una oportunidad única para euskaldunizar completamente las administraciones sin necesidad de tomar decisiones traumáticas. No se puede acatar a los agentes euskarafobos y normalizar la supremacía impuesta del castellano. Si hoy en día nos negamos a euskaldunizar las administraciones, en las próximas décadas volveremos a vulnerar los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes. Por eso, ELA exige decisiones valientes a los partidos políticos y a las administraciones para que se apruebe de una vez por todas la equiparación de las dos lenguas oficiales.