8 de cada 10 viviendas en manos de grandes tenedores son de empresas y fondos buitre
La normativa navarra considera gran tenedora de vivienda a una persona física o jurídica que cumpla alguno de estos requisitos: que tenga más de 10 viviendas de uso residencial en el conjunto del Estado o que tenga 5 o más viviendas situadas en alguno de los municipios declarados zona de mercado residencial tensionado de Navarra.
A partir de ahí, Navarra tiene identificados 236 grandes tenedores que acumulan 6.425 viviendas, aproximadamente el 30% del parque de alquiler registrado. El 83,2% de estas viviendas pertenece a sociedades, entre ellas grupos inmobiliarios y fondos de inversión.
Entre estas sociedades destacan Adania y sus sociedades vinculadas, con más de 600 viviendas; Testa Residencial (Blackstone), con más de 500 viviendas; Catella Group, que controla al menos 168 viviendas en Sarriguren procedentes de dos promociones de vivienda protegida; Errotabidea, sociedad vinculada a Caja Rural de Navarra que acumula aproximadamente 340 viviendas en alquiler; e incluso el Arzobispado de Pamplona y Tudela, que tiene más de 500 viviendas.
Casos como los que están sucediendo con Testa Residencial o Catella Group muestran, además, una de las caras más inhumanas y abominables de esta realidad. Viviendas protegidas construidas con subvenciones de dinero público terminan en manos de fondos de inversión y, cuando finaliza su protección, pasan al mercado libre, expulsando a quien vive en esas casas o subiéndoles el alquiler de forma absolutamente abusiva. Así lo que se subvencionó para garantizar el acceso a una vivienda asequible, pasa a ser un bien especulativo destinado a generar beneficios privados a fondos buitre.
Y no se trata de un hecho aislado. De las 58.656 viviendas protegidas construidas en Navarra durante los últimos 35 años, 32.387 ya habían perdido su protección en octubre de 2025. Más de la mitad.
Está claro que poner nombre a quienes están haciendo negocio a costa de expulsar a la precariedad y la pobreza a cada vez más gente no es suficiente para que la vivienda pase a ser un derecho en lugar de un negocio. Pero es necesario. Porque estas empresas, sociedades y fondos buitre son las que ejercen de lobby para que nada cambie. Solo nos queda hacer más fuerza por el lado opuesto, y una buena oportunidad para ello será la Huelga General del 11 de noviembre.