ELA denuncia que las medidas reducirán la recaudación y exige una subida de impuestos a empresas y capital

Como viene sucediendo en las últimas semanas, el conflicto en Irán se ha traducido en una subida de los precios de la energía y se espera que el IPC aumente significativamente en los próximos meses. Sin embargo, como sucedió con la guerra de Ucrania en 2022, existe el riesgo de que las consecuencias de esta inflación no afecten de la misma manera: mientras las grandes empresas, especialmente los sectores energético y financiero, pueden acumulan grandes beneficios, la clase trabajadora puede sufrir otro grave proceso de empobrecimiento.

En este contexto, la principal medida propuesta por el Gobierno, la bajada de impuestos ligados a los precios energéticos, es inaceptable. Estas políticas fiscales tienen un carácter general y, en la práctica, favorecen a las grandes empresas y las rentas altas, no a las personas en situación de vulnerabilidad. Por ejemplo, la Hacienda de Bizkaia ha cifrado en 125 millones de euros menos la recaudación en por trimestre.

Además, el plan vuelve a priorizar los intereses de las empresas: priman las subvenciones, la financiación y los beneficios fiscales frente a un "escudo social" muy limitado. El Gobierno español no se plantea medidas estructurales como limitar los beneficios de las empresas energéticas o establecer una fiscalidad más justa para repartir de forma más justa el coste de la crisis.

ELA considera necesario un cambio de rumbo profundo ante la crisis inflacionaria que puede provocar el conflicto en Irán. El sindicato reivindica a Haciendas, Gobierno Vasco y Gobierno de Navarra y partidos vascos las siguientes medidas:

• Incrementar la recaudación a través de la fiscalidad, y no en sentido contrario, especialmente mediante la imposición de impuestos extraordinarios a las empresas que se beneficien de la situación. Es la única manera de obtener recursos propios para aumentar el gasto público.

• Condicionar las ayudas y beneficios fiscales a las empresas para garantizar el empleo y evitar despidos.

• Desarrollar un verdadero escudo social que sitúe a las personas en el centro: aumentar las ayudas directas, intervenir los precios de los alimentos y suministros básicos y establecer políticas de vivienda que garanticen el derecho a la vivienda.

• Apostar por la soberanía energética, democratizando el modelo energético y sacándolo del control de las grandes empresas.

Por último, ELA denuncia que se vuelve a dejar el coste de la crisis a espaldas de la clase trabajadora y hace un llamamiento a la movilización social y a la puesta en marcha de políticas públicas que defiendan los intereses de la mayoría social.