“La política industrial no puede ser una ‘autopista’ para que las grandes empresas engorden sus beneficios”
ELA ha presentado hoy el informe ‘Por una política industrial de y para la clase trabajadora. Diagnóstico y propuesta integral desde una perspectiva ecosocial’, en el que analiza la evolución de la economía de Hego Euskal Herria y plantea una alternativa para construir un modelo industrial más justo, democrático y sostenible. El informe parte de una constatación clara: la industria sigue siendo estratégica para el bienestar colectivo, pero las políticas han estado orientadas a garantizar la rentabilidad privada antes que las necesidades sociales.
El secretario general de ELA, Mitxel Lakuntza, ha advertido del peligro de la nueva proposición de ley de medidas urgentes para agilizar la actividad económica e industrial promovida por PNV y PSE. “La política industrial de este país no puede ser una autopista para favorecer los intereses de las grandes empresas, y que engorden sus beneficios con la connivencia del Gobierno Vasco”. Lakuntza ha señalado que el debate de fondo es quién decide qué es estratégico, en beneficio de quién se ponen los recursos públicos y qué mecanismos de control democrático existen.
ELA defiende que toda ayuda pública, subvención, aval o instrumento financiero esté sometido a una estricta condicionalidad social, laboral y ecológica. Las empresas que reciban recursos públicos deben comprometerse a mantener el empleo, evitar deslocalizaciones, reinvertir parte de sus beneficios en el territorio y respetar los derechos laborales y medioambientales.
Roser Espelt, del Gabinete de Estudios, ha explicado que, aunque la economía de Hego Euskal Herria ha seguido creciendo desde 2000, la industria ha perdido peso en la producción y el empleo y la producción industrial permanece prácticamente estancada desde antes de la crisis de 2008. Esta evolución, explica, no ha mejorado significativamente las condiciones de vida de la clase trabajadora: “Los salarios reales apenas han aumentado en más de dos décadas, mientras que la parte de la riqueza que se apropian empresas y accionistas ha crecido de forma notable”.
Según el informe, las políticas industriales de las últimas décadas han mantenido la misma lógica de fondo: utilizar recursos públicos para reducir riesgos empresariales y garantizar inversiones privadas, mientras los beneficios han quedado en manos de grandes corporaciones y accionistas.
Frente a este modelo, Aitor Murgia, responsable del Gabinete de Estudios, ha presentado la propuesta integral de política industrial de ELA basada en tres principios: avanzar hacia empresas estratégicas sean de propiedad pública, cooperativa o social; garantizar la participación real de las personas trabajadoras en las decisiones económicas; y orientar la producción a satisfacer necesidades sociales dentro de los límites ecológicos.
Propuestas de ELA
Entre las principales propuestas destacan la creación de un Ente Vasco de Participaciones Industriales, una banca pública de desarrollo, un sistema público de seguimiento y alerta temprana del tejido industrial y una empresa pública de energía renovable. El informe también recoge medidas para garantizar el arraigo de las empresas estratégicas y evitar que proyectos impulsados con recursos públicos terminen en manos de fondos de inversión o multinacionales sin retorno para la sociedad.
ELA concluye que acelerar procedimientos administrativos o facilitar inversiones privadas no garantiza ni el mantenimiento del empleo, ni el arraigo empresarial, ni una transición ecológica justa. Por ello, reclama una política industrial que sitúe a la clase trabajadora en el centro, incorpore mecanismos de control democrático y garantice que los recursos públicos reviertan en el conjunto de la sociedad.
ELA presentará sus propuestas a diferentes grupos políticos y agentes sociales con el objetivo de abrir un debate de fondo sobre el modelo productivo del país y avanzar hacia mayores cotas de soberanía económica, industrial y energética.