El Departamento de Educación fomenta la segregación escolar
Las diferencias sociales son cada vez mayores en nuestra sociedad, y por ende, también en las aulas. No en vano, asistimos a un reparto cada vez más injusto de la riqueza: por una parte, cada vez son mas las familias desfavorecidas como consecuencia de las políticas de recorte impuestas durante años. Hablamos, sobre todo, de mujeres; por otra parte, cada vez más familias se han visto obligadas a emigrar a Euskal Herria, lo que obliga a tomar medidas a favor de la inclusión en la sociedad, y en las aulas.
No podemos obviar que el perfil del alumnado es cada vez más diverso. El problema reside en que dicha diversidad se refleja de forma descompensada en los centros escolares de la CAPV. En general, este desequilibrio es latente en los centros públicos y los centros de Iniciativa Social; la diferencia respecto a las ikastolas, por ejemplo, es alarmante. Así las cosas, la escuela se convierte un espacio donde se reproducen las diferencias y desequilibrios de la sociedad, en algunos casos incluso se agravan.
No obstante, el Departamento de Educación no ha tomado ninguna medida para paliar este problema. Cabe recordar que en noviembre se presentó el documento `Escolarización del alumnado de origen extranjero en el sistema escolar de la CAPV. Diagnóstico y propuestas, cuyas conclusiones no se han tenido en cuenta de cara a revertir esta situación.
A esto hay que añadirle la descapitalicación provocada por el gobierno vasco en educación (y en todos los servicios públicos, en general), en beneficio del pago de la deuda pública, todo ello con la excusa de la crisis. Esto ha acarreado recortes en la plantilla y en los recursos necesarios para hacer frente a la segregación y responder a la compleja realidad de los centros.
En ELA nos parece especialmente alarmante la graves irregularidades que han tenido lugar a la hora de escolarizar al alumnado de diversas procedencias.
En Ordizia, por ejemplo, el 63% del alumnado de la Escuela Pública, Educación Infantil y Primaria procede de familias de origen de Euskal Herria; el 37% de familias de origen extranjero. El 87% del alumnado de familias de origen extranjero en Ordizia opta por matricularse en la escuela pública; solo el 13% se matricula en la Ikastola. En Educación Infantil (escuela pública) el desequilibrio es aún mayor: el alumnado procedente de familias de Euskal Herria representa el 53%, mientras que el 47% de los y las alumnas proceden de familias de origen extranjero; de este último colectivo el 89% está escolarizado en la Escuela Pública y solo el 11% en la Ikastola.
Ante esta realidad, el año pasado el Departamento de Educación rechazó la petición de la Ikastola Jakintza de Ordizia. Jakintza solicitaba la concertación de la tercera aula de 3 años para el curso 2018-19. La petición fue rechazada. Como consecuencia, las familias de los y las 11 alumnas que quedaron fuera de la planificación tuvieron que matricularse en la Ikastola San Benito de Lazkao. Ahora, sin embargo, hemos sabido que, pasando por alto los criterios marcados en el decreto de matriculación 1/2018, el Departamento de Educación ha cambiado la matriculación de los y las 11 alumnas para matricularlas en la Ikastola Jakintza. Asimismo, ha aceptado provisionalmente la petición realizada por la Ikastola Jakintza para concertar la tercera aula de 4 años para el curso escolar de 2019-2020. Por si esto fuera poco, el pasado viernes supimos, a través de la comparecencia de la Consejera en el Parlamento, que el Departamento de Educación tiene intención de concertar la tercera aula de tres años para el curso 2019-2020.
ELA considera muy grave que el Gobierbo Vasco no solo no tome medidas para paliar la segregación escolar, si no que, además, promueva medidas que aumentan, aún mas si cabe, los ya existentes desequilibrios, sobre todo, teniendo en cuenta que lo hace cometiendo graves irregularidades.
ELA exige al Departamento de Educación que tome medidas urgentes que palien la grave situación que atraviesa la Educación Pública; situación que también afecta a la inclusión y convivencia en todos los municipios. Los derechos mas básicos, la justicia social, la integración social y la inclusión están en juego.