El Gobierno vasco aprovecha la crisis por el coronavirus para recortar recursos y derechos en Educación

ELA denuncia “las decisiones inaceptables por parte del Gobierno vasco que afectan al personal de todo el sistema educativo”. En primer lugar, denuncia que el Departamento de Educación ha bloqueado la plataforma de sustituciones Ordezkagunea y ha roto con la obligación de realizar las sustituciones desde el primer día. Todo ello, remarca, mientras el profesorado continúa realizando su trabajo diario a través del teletrabajo, es decir, desde sus casas. Y es que, tal y como recuerdan desde el sindicato, el trabajo de los docentes no se ha suspendido en ningún momento, por lo que dejar de hacer sustituciones desde el primer día es, afirman, un claro recorte.

Una situación que se repite en Haurreskolak Partzuergoa, por lo que ELA exige al Gobierno que ponga en marcha, o al menos garantice a través de otros mecanismos, que las sustituciones se haan desde el primer día y que se respete la normativa de sustituciones.

En segundo lugar, ELA asegura que en el caso de modificaciones contractuales que suponen una prórroga del contrato del personal sustituto, el Gobierno vasco también ha ordenado su suspensión. “Nos parece muy grave. Está incumpliendo la normativa de candidatos y candidatas a sustituciones para buscar una amortización de los puestos de trabajo. Estas decisiones nos parecen absolutamente inaceptables, entre otras cosas, porque perjudican más aún al personal más vulnerable dependiente del Gobierno y tienen además un impacto directo en la calidad educativa”, señalan.

En tercer lugar, encontramos la orden de suspensión de contratos de gran parte del personal sustituto de Cocina y Limpieza Educativa y del personal laboral. Las trabajadoras que estaban liberadas para varios cursos han visto suspendidos sus contratos y se les ha ordenado que vuelvan a sus puestos de trabajo. Como consecuencia, se ha solicitado la suspensión de los contratos de sustitución que ocupaban sus puestos. “Es decir, el Gobierno ha decidido condenar al paro a las trabajadoras más precarias de su dependencia y hacer aún más insostenible la situación de estas trabajadoras eventuales”, denuncia ELA.

En lo que respecta al resto del personal educativo, en aquellos casos en los que los cursos se imparten mediante Irale, ha sido posible mantener los cursos on-line, y, por tanto, los contratos de todo el personal sustituto. Siendo esto así, ELA considera que es imprescindible que el Departamento de Educación plantee también una solución para el personal sustituto de Cocina y Limpieza.

Finalmente, denuncia la situación de vulnerabilidad a la que se han visto abocados muchos docentes. Y es que, aunque el Departamento de Educación tomó la decisión de suspender las clases presenciales en todos los centros de la CAV, algunos se han mantenido abiertos, por lo que muchos docentes han sido llamados a acudir a sus puestos de trabajo, aún a riesgo de contagiarse o propagar el virus. Tal y como recuerda ELA, aunque la recomendación fuera que el profesorado llevara a cabo su trabajo a través del teletrabajo, a cada centro se le dejó autonomía para organizar el trabajo y su funcionamiento, por lo que, en algunos casos, algunos docentes se han visto obligados a acudir a los colegios para realizar tareas de coordinación.

Esa misma situación la padece el personal de limpieza que se encuentra trabajando, por lo menos hasta hoy. Las personas encargadas de la limpieza han sido llamadas a su puesto de trabajo, por lo que se encuentran expuestas al peligro de contagio.

“En ELA entendemos que en esta situación servicios como la limpieza son imprescindibles, pero al mismo tiempo creemos que mantener abiertos los centros no responde a una necesidad real, ya que en muchos casos ha sido posible la coordinación del profesorado a través del teletrabajo, y en caso de que no lo haya sido, entendemos que es lo que el Gobierno debe garantizar”.

Con todo ello, ELA considera que es labor del Gobierno, entre otras cosas, adoptar las medidas que menos perjudiquen a las condiciones de vida y derechos de las y los trabajadores ante esta situación excepcional. Por ello, exigen que todos los centros educativos se mantengan cerrados, garantizando de esta manera la salud y la seguridad del mayor número posible de trabajadores y trabajadoras; que rectifiquen las decisiones perjudiciales adoptadas; y pongan, de una vez por todas, las vidas y las personas en el centro.