El Gobierno Vasco ha modificado el protocolo de EPIs del personal de Educación Especial para evitar cumplir lo ordenado por los tribunales

13/10/2020
ELA presentó el 30 de septiembre una demanda para proteger el derecho a la salud, a la vida y a la integridad de quienes trabajan en Educación Especial. Como medida cautelar solicitó la puesta a disposición inmediata de estas personas los Equipo de Protección Individual (EPI) recogidos en el protocolo aprobado por el propio Gobierno Vasco. Sin embargo, el Gobierno Vasco no ha cumplido lo dictado por los tribunales, reduciendo las garantías de protección de la salud de las trabajadoras.

Los primeros días de las clases presenciales, concretamente el 8 de septiembre, ELA denunció ante el servicio de Prevención del Departamento de Educación que las y los trabajadores de Educación Especial trabajaban sin EPI. En la CAPV hay 1.050 trabajadoras en este sector. Según el protocolo del 2 de junio del Gobierno Vasco, estas trabajadoras deben llevar EPI especiales para garantizar su salud: mascarillas FFP2, guantes desechables, pantallas de visera y delantales de manga larga desechable.


Transcurridas tres semanas sin recibir respuesta por parte del servicio de prevención y comprobando que las trabajadoras seguían sin los EPI necesarios, ELA presentó una demanda ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, tal y como hicieron otros sindicatos. En la demanda se solicitaba poner inmediatamente los EPI a disposición de la plantilla como medida cautelar para proteger la salud. Los tribunales admitieron la petición de medidas cautelares, y dictaron un auto ordenando al Departamento de Educación que pusiera inmediatamente los EPI a disposición de las trabajadoras.

La respuesta del Gobierno Vasco ha sido rápida e inaceptable. Ha presentado una instrucción sobre el uso de los EPI, limitando el uso de los EPI especiales a situaciones concretas. Es decir, ante las denuncias tanto públicas como judiciales de los sindicatos por la falta de EPIs, el Gobierno Vasco no ha puesto recursos, sino que ha tratado de "argumentar" esa falta de EPI obviando el uso generalizado de los EPI del anterior protocolo de junio y modificando el protocolo de seguridad, limitando el uso de cada EPI a unas situaciones concretas. De este modo, para el Departamento de Educación no es necesario colocar material protector suficiente para garantizar la seguridad de los trabajadores, sino "racionar" lo existente en función de las circunstancias. Está claro que el Gobierno Vasco ha priorizado un comportamiento defensivo ante las demandas que ha recibido, aunque así siga en peligro la salud de trabajadoras y estudiantes.

ELA denuncia la dejadez del Gobierno Vasco, que no sólo no planifica recursos para garantizar las medidas sanitarias a tiempo, sino que sigue con el mismo comportamiento al haber transcurrido un mes entero desde el inicio del curso. Hoy en día, el riesgo de contagio en las escuelas no se ha trasladado a mínimos y la salud de trabajadoras y estudiantes está en peligro.